Ricardo Robles, La Voz Obrera Chile.
“Nuestra fuerza consistió y seguirá consistiendo en que somos capaces de considerar con absoluta serenidad las derrotas más graves y aprender de su experiencia qué debemos modificar en nuestra actividad. Por eso es necesario hablar francamente”
V. I. Lenin, “Informe sobre la Nueva Política Económica”, octubre de 1921.Introducción.
Estudiar la revolución iniciada en Chile el 18 de octubre de 2019 no significa buscar retrospectivamente una fórmula que hubiera garantizado mecánicamente su victoria. Tampoco es un ejercicio puramente académico. El marxismo revolucionario se construyó extrayendo conclusiones estratégicas de las victorias y, sobre todo, de las derrotas de la lucha de clases. Marx y Engels estudiaron las revoluciones europeas de 1848 y la Comuna de París; Lenin y los bolcheviques incorporaron esas experiencias, junto con la revolución de 1905, a la preparación de Octubre. El balance de una derrota sirve para sentar las bases de una nueva organización política de la clase trabajadora y de esta manera, intervenir mejor en las luchas futuras.
Ese mismo método debe aplicarse a Chile. El 18 de octubre abrió una revolución que modificó abruptamente la relación entre las clases, hizo entrar directamente a millones en los acontecimientos y llevó, con la huelga general del 12 de noviembre, a plantear objetivamente el problema del poder. Pero aquella revolución fue derrotada. No mediante un golpe militar semejante al de 1973 ni mediante la destrucción física de las organizaciones obreras, sino mediante un proceso político en el cual la movilización independiente de las masas fue perdiendo progresivamente su capacidad de determinar los acontecimientos y terminó desviada hacia las instituciones del mismo régimen que decía rechazar.
Por eso la principal lección no consiste unicamente en afirmar retrospectivamente que “faltó una dirección revolucionaria” sino intentar expresar len que consiste esa actividad de una dirección revolucionaria de la clase trabajadora. Hay que comprender qué problemas debía resolver esa dirección, qué programas disputaron efectivamente el curso de la revolución y qué debía haberse construido previamente para que la fuerza de millones pudiera transformarse en una alternativa de poder.
I. La fuerza y los límites de una revolución espontánea.
El 18 de octubre de 2019 abrió una revolución espontanea en Chile. No se trató simplemente de una gran movilización, una crisis social o un “estallido”. Millones irrumpieron directamente en los acontecimientos, desbordaron los mecanismos habituales del régimen, enfrentaron el Estado de Emergencia y modificaron abruptamente la relación de fuerzas entre las clases.
Trotsky establece en el prólogo de Historia de la Revolución Rusa un criterio fundamental para definir una revolución:
“El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos […]. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”.
Pero inmediatamente introduce una segunda precisión:
“Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja”.
Sin embargo, afirmar que existió una revolución no significa afirmar que Chile haya vivido una revolución social, una revolución triunfante.
En las semanas posteriores aparecieron asambleas territoriales, cabildos, coordinaciones locales, primeras líneas y distintas experiencias de auto-organización. Expresaban la búsqueda de formas propias de organización, pero no llegaron a constituirse en organismos nacionales capaces de centralizar la lucha ni en estructuras de doble poder frente al Estado.
La profundidad de la crisis y el choque de determinadas reivindicaciones con los límites del capitalismo no convertían automáticamente el proceso en una revolución socialista ni garantizaban su evolución hacia una revolución de Octubre. Una revolución abre posibilidades históricas que no existen bajo la normalidad burguesa. No asegura de antemano qué clase conseguirá realizarlas. Y precisamente en ese punto comenzó a adquirir una importancia cualitativamente diferente la intervención de la clase trabajadora.
Una de las características fundamentales de la revolución iniciada el 18 de octubre fue su carácter profundamente espontáneo. Esto no significa que careciera de antecedentes, organizaciones o experiencias acumuladas. Significa algo más preciso: ninguna de las principales organizaciones políticas y sindicales existentes planificó, convocó ni dirigió el proceso que terminó haciendo irrumpir a millones en la lucha política. El detonante inmediato fueron las evasiones del Metro protagonizadas durante los días anteriores por estudiantes secundarios, particularmente de liceos de Santiago, que posteriormente se extendieron a otros sectores y fueron desbordadas por una movilización social incomparablemente mayor. Las cronologías y estudios disponibles sitúan precisamente en esas evasiones secundarias el antecedente inmediato de la jornada del 18 de octubre.
II. La huelga general del 12 de noviembre del 2019.
Una de las conclusiones más importantes de octubre es que su derrota no puede explicarse afirmando que la clase trabajadora estuvo ausente del proceso. Durante las décadas anteriores a 2019 en Chile se venían desarrollado importantes experiencias de recomposición obrera. Las huelgas de trabajadores subcontratados de la minería del 2007, los Acuerdos Marco en el cobre, las huelgas portuarias, el movimiento sindical y
social “No+afp” en el 2016, la larga huelga en Minera Escondida del 2017 y el crecimiento de las huelgas realizadas fuera de la negociación colectiva reglada habían mostrado una tendencia de sectores del proletariado a superar por la vía de los hechos el esquema jurídico heredada del Plan Laboral de la dictadura.
Esto no significaba que la clase trabajadora hubiese superado la fragmentación heredada de la dictadura, pero demostraba que estaba buscando, en la experiencia concreta, formas para enfrentarla. Ninguna de estas luchas anteriores abrió por sí misma una situación revolucionaria. Muchas fueron derrotadas, parcialmente absorbidas o conducidas nuevamente hacia el terreno institucional. Sin embargo, dejaron experiencias, organizaciones y métodos de lucha. Octubre condensó aquello que durante años había aparecido separado .El 12 de noviembre permitió comprobarlo bajo condiciones revolucionarias.
La huelga general del 12 de noviembre de 2019 constituyó el punto más alto de la primera fase de la revolución chilena. No fue simplemente otro “paro nacional” dentro de la larga serie de convocatorias de la postdictadura. Representó la entrada de sectores relevantes del proletariado ocupado como fuerza política y mostró, en una escala superior, dónde residía la capacidad material para paralizar el funcionamiento de la sociedad. Su profundidad desbordó además los límites políticos de las propias direcciones que la habían convocado. Unidad Social —espacio en el que participaban la CUT, la Coordinadora 8M, No+AFP, organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales— no volvió después de aquella jornada a convocar una huelga general de características semejantes.
Pero el 12 de noviembre planteó un problema superior. Hasta entonces la revolución había mostrado fundamentalmente la capacidad de las masas para ocupar las calles, desafiar el Estado de Emergencia, resistir a Carabineros y hacer retroceder políticamente al gobierno. La huelga general introdujo otra fuerza: la capacidad de la clase trabajadora para intervenir como dirección política desde su posición en la producción y circulación y paralizar materialmente la sociedad capitalista.
El 12 de noviembre mostró así una contradicción extraordinaria. La noche del 12 de noviembre del 2019 el régimen burgués chileno vivió uno de sus momentos de mayor debilidad desde el fin de la dictadura. Las calles permanecían movilizadas, el gobierno tenía profundamente deteriorada su autoridad y la clase trabajadora comenzaba a hacer sentir su peso dentro de la economía.
Pero no existían organismos nacionales de trabajadores capaces de centralizar democráticamente esa fuerza, coordinar los lugares de trabajo con las organizaciones territoriales y constituirse en una alternativa de poder. Tampoco existía un partido revolucionario con arraigo suficiente para impulsar conscientemente ese desarrollo y disputar la dirección política del proceso. La huelga general planteó el problema del poder entre las clases, pero por sí misma no podía resolverlo.
III. ¿Por qué Chile necesita una revolución socialista?
La necesidad de una revolución socialista en Chile no puede deducirse simplemente de una fórmula general ni de una adhesión abstracta al socialismo. Debe surgir del análisis concreto de la estructura del capitalismo chileno, de su lugar en la economía mundial,
de quién controla sus principales riquezas y de qué clase social posee la capacidad material para reorganizar la sociedad sobre otras bases. La pregunta fundamental es, por tanto, bastante simple: ¿quién controla la riqueza que produce Chile?
Chile posee algunas de las reservas minerales más importantes del planeta y ocupa una posición decisiva en la producción mundial de cobre. Sin embargo, poseer una riqueza dentro de las fronteras nacionales no significa controlarla. Una parte mayoritaria de la gran minería se encuentra en manos de capitales privados nacionales y transnacionales: BHP, Anglo American, Glencore, Rio Tinto, Teck, Freeport-McMoRan, Lundin y capitales japoneses participan en algunas de las principales explotaciones, junto con conglomerados chilenos como el grupo Luksic a través de Antofagasta Minerals. Varias de las mayores faenas mineras expresan directamente esa asociación entre capital nacional e internacional.¹
La cuestión del cobre permite observar de manera concentrada una contradicción más general. Chile ocupa una posición central en la extracción de una materia prima estratégica para la economía mundial, pero buena parte de los procesos industriales de mayor elaboración, de las cadenas internacionales de comercialización, del financiamiento y de las decisiones de inversión se encuentran determinados fuera del control de la sociedad chilena. Pero sería equivocado presentar esta contradicción simplemente como una oposición entre “Chile” y “los extranjeros”. En una sociedad dividida en clases no existe un interés nacional homogéneo. La burguesía chilena no constituye una clase sometida pasivamente al capital extranjero que espere una oportunidad histórica para encabezar una lucha de liberación nacional. Los principales grupos economicos nacionales forman parte de esa misma estructura de acumulación, poseen intereses en minería, banca, forestales, energía, combustibles, transporte, retail y servicios, se asocian con capitales transnacionales y participan de los circuitos internacionales de acumulación. La dependencia chilena no consiste, entonces, en que exista un capitalismo extranjero que impide desarrollarse a una burguesía nacional progresiva. El capitalismo chileno se ha construido históricamente mediante la asociación entre la gran burguesía local, el capital transnacional y el Estado.
La dependencia tampoco significa ausencia de desarrollo capitalista. Chile posee infraestructura moderna, un poderoso sistema financiero, grandes conglomerados nacionales, importantes concentraciones obreras y procesos productivos de alta complejidad. La dependencia no es la ausencia de capitalismo: es una forma histórica concreta de su desarrollo.² Esta elaboración prolongó, bajo las condiciones latinoamericanas, problemas planteados por Lenin en su análisis del imperialismo: la concentración monopolista, el capital financiero y la exportación de capital habían transformado profundamente las relaciones entre las economías nacionales y permitido que los grandes capitales penetraran directamente sus estructuras productivas, materias primas, mercados y fuentes de inversión.
La historia chilena constituye una expresión particularmente clara de este fenómeno. Durante el siglo XX, el control de la gran minería del cobre por compañías norteamericanas convirtió la cuestión minera en una cuestión simultáneamente económica, nacional y antiimperialista. Las luchas desarrolladas durante décadas condujeron primero a mayores impuestos, posteriormente a la chilenización y finalmente a la nacionalización del cobre bajo la Unidad Popular. Aquella
nacionalización constituyó una de las mayores conquistas históricas de los trabajadores y del pueblo chileno. Pero su propia historia permite extraer una conclusión adicional: que bajo una determinada relación de fuerzas sectores burgueses acepten una nacionalización o una reforma nacional no significa que la burguesía pueda encabezar consecuentemente una ruptura con el imperialismo. El problema no consiste en que a la burguesía chilena le falte patriotismo o decisión; sus intereses materiales se encuentran entrelazados con las relaciones capitalistas que reproducen la dependencia.
Aquí adquiere una importancia concreta la teoría de la revolución permanente desarrollada por Leon Trotsky. En los países de desarrollo capitalista tardío pueden permanecer pendientes importantes tareas democráticas, nacionales y antiimperialistas: soberanía sobre los recursos naturales, independencia económica, democratización efectiva, desarrollo de las fuerzas productivas y resolución de profundas demandas sociales. Pero la pregunta decisiva es qué clase puede llevar esas tareas hasta el final. Trotsky partía de que la burguesía de esos países llegaba demasiado tarde a la historia para desempeñar el papel revolucionario que la burguesía había cumplido parcialmente durante las revoluciones clásicas europeas. Se encontraba ligada al capital imperialista, a las clases propietarias y al Estado existente y, sobre todo, temía que una movilización obrera destinada a enfrentar la dominación extranjera terminara cuestionando también su propia propiedad. De allí la conclusión de la revolución permanente: las tareas democráticas y nacionales sólo podían resolverse consecuentemente bajo la dirección política del proletariado y, una vez conquistado el poder, la revolución no podía detenerse artificialmente frente a las relaciones capitalistas de propiedad.³
Aplicado a Chile, el problema deja de ser abstracto. Recuperar plenamente el cobre para ponerlo al servicio de las necesidades sociales significaría enfrentarse simultáneamente con grandes compañías transnacionales y con capitalistas nacionales asociados a ellas. Controlar soberanamente el litio y otros recursos estratégicos exigiría disputar contratos, concesiones y derechos de propiedad. Una industrialización independiente no consistiría solamente en agregar algunas plantas productivas, sino en decidir qué producir, dónde invertir el excedente, qué tecnologías desarrollar y qué relación establecer con el mercado mundial, lo que conduce inmediatamente hacia el problema de la banca, el crédito, el comercio exterior y la propiedad de los principales medios de producción. Algo semejante ocurre con las demandas sociales: terminar realmente con las AFP significa sustraer una enorme masa de ahorro de los trabajadores de la lógica de acumulación del capital financiero; garantizar universalmente salud, vivienda, educación y pensiones significa decidir qué parte de la riqueza social se destina a satisfacer necesidades colectivas y qué parte permanece como ganancia privada. Las tareas democráticas, nacionales y sociales no pueden separarse mediante una muralla de las tareas socialistas.
Es en este punto donde la discusión sobre la dirección de una revolución deja de ser una cuestión exclusivamente organizativa y se transforma, ante todo, en un problema de programa. Aquí aparece una de las diferencias fundamentales entre la revolución permanente y las distintas concepciones de revolución por etapas que han marcado históricamente la estrategia del Partido Comunista chileno. Desde el viraje hacia los Frentes Populares en la década de 1930, pasando posteriormente por el FRAP y la Unidad Popular, el PC sostuvo distintas variantes de una estrategia según la cual debía desarrollarse primero una etapa democrática, nacional, antioligárquica o
antiimperialista, sostenida mediante amplias alianzas sociales y políticas; sólo después de resolver esas tareas podrían abrirse las condiciones para avanzar hacia el socialismo. Las formulaciones cambiaron, pero permaneció una separación estratégica entre las tareas democráticas inmediatas y la conquista del poder por la clase trabajadora.⁴
La forma contemporánea de esta estrategia es que el Partido Comunista de Chile no ha eliminado formalmente el socialismo de sus documentos y continúa presentándolo como un objetivo histórico. El XXVI Congreso definió la contradicción principal del período como “neoliberalismo/democracia” y sostuvo que su resolución favorable constituía una precondición para abrir un ciclo prolongado de transformaciones. Posteriormente, el XXVII Congreso volvió a reafirmar esa contradicción y planteó como tareas la superación del Estado subsidiario, la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, una mayoría política y social antineoliberal y una profundización de la democracia.⁴
La diferencia con la revolución permanente no consiste, por tanto, en que una estrategia defienda las reivindicaciones democráticas y la otra las rechace. La diferencia reside en qué relación existe entre esas reivindicaciones y la cuestión del poder. Si la contradicción fundamental se formula como neoliberalismo versus democracia, la divisoria estratégica deja de establecerse centralmente entre proletariado y burguesía y pasa a construirse entre un amplio campo democrático-antineoliberal y las fuerzas identificadas con el neoliberalismo. Sobre esta base pueden integrarse en una misma mayoría política trabajadores, sectores medios y partidos que pretenden modificar aspectos del modelo económico sin cuestionar las relaciones capitalistas fundamentales. La política de amplias alianzas deja entonces de constituir simplemente una táctica coyuntural: se desprende del propio programa de etapas.
Pero el análisis material del capitalismo chileno plantea precisamente el carácter opuesto. Si los grandes capitalistas nacionales están asociados al capital transnacional y forman parte de la estructura de dependencia, ¿con qué sector burgués puede realizarse consecuentemente una primera etapa de liberación económica? Si terminar con las AFP, recuperar los recursos estratégicos, controlar el crédito y reorganizar la economía según las necesidades sociales obliga a afectar directamente los intereses de esos mismos grupos, ¿dónde termina la supuesta etapa antineoliberal y dónde comienza la socialista? La propia realidad rompe esa separación. No existe una etapa históricamente autónoma en la cual pueda “superarse el neoliberalismo” dejando intactos los principales centros del poder económico y postergando para un futuro el problema del capitalismo. Si las transformaciones se llevan hasta sus últimas consecuencias, chocan con la propiedad capitalista; si se detienen antes de hacerlo, la llamada superación del neoliberalismo permanece dentro de los límites de otra modalidad de administración capitalista.
La revolución iniciada en octubre de 2019 sometió a prueba los programas de los partidos. Millones irrumpieron independientemente de las instituciones del regimen; el gobierno perdió una parte decisiva de su autoridad; los mecanismos habituales de dominación fueron desbordados y la huelga general del 12 de noviembre mostró que la clase trabajadora poseía capacidad material para paralizar sectores decisivos de la sociedad. En ese momento, el problema dejó de ser únicamente cómo conquistar nuevas reformas democráticas. La cuestión era hacia dónde debía dirigirse aquella fuerza. Una estrategia basada en la revolución permanente debía partir de desarrollar la
independencia política de los trabajadores, profundizar sus organismos de lucha, preparar nuevas acciones generales y vincular las reivindicaciones democráticas y sociales con el problema de quién controlaba la propiedad y el Estado. Una estrategia organizada alrededor de una etapa democrática antineoliberal podía, en cambio, encontrar una salida coherente en otro terreno: conquistar una nueva Constitución, ampliar la democracia, modificar el Estado subsidiario y construir una mayoría política capaz de realizar desde el gobierno un programa de reformas.
Chile necesita una revolución socialista no porque el socialismo constituya simplemente un ideal más justo que el capitalismo, sino porque las principales contradicciones nacionales, democráticas y sociales conducen materialmente hacia el problema de la propiedad y del poder. No puede romperse la dependencia manteniendo intacta la propiedad de las transnacionales y de los grandes grupos nacionales asociados a ellas; no puede conquistarse una soberanía efectiva dejando las principales decisiones económicas en manos del capital privado; y no pueden garantizarse plenamente los derechos sociales mientras sectores decisivos de la reproducción de la vida permanezcan subordinados a la ganancia. Por eso el carácter socialista de la revolución chilena no implica desconocer las tareas democráticas y nacionales. Significa, por el contrario, tomarlas suficientemente en serio como para determinar qué clase puede realizarlas hasta el final.
El 18 de octubre abrió concretamente esa discusión. Pero que una revolución plantee objetivamente determinadas tareas no significa que las masas dispongan automáticamente del programa y de la organización necesarios para resolverlas. Entre la posibilidad objetiva y su realización existe el problema de la dirección. Tres días después de la huelga general, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución comenzó a ofrecer una salida institucional a la crisis. La cuestión decisiva sería entonces cómo un acuerdo inicialmente firmado por partidos profundamente desprestigiados logró adquirir legitimidad, incorporar a fuerzas que no lo habían suscrito y transformar el proceso constituyente en el horizonte político dominante de una parte creciente del movimiento de masas.
Notas
1. Sobre la estructura de propiedad de la gran minería chilena, la presencia de capitales transnacionales y su asociación con grandes grupos nacionales, véase ¡Necesitamos el Cobre para Chile! Un folleto sobre la minería y la clase trabajadora, La Voz Obrera.
2. Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia (1973).
3. León Trotsky, La revolución permanente
4. Para la evolución histórica de la estrategia del Partido Comunista chileno desde los Frentes Populares, el FRAP y la Unidad Popular, véase La victoria era posible. Las lecciones estratégicas de la revolución chilena durante la Unidad Popular (1970-1973), La Voz Obrera. Para su formulación contemporánea, Partido Comunista de Chile, Informe Político al XXVI Congreso Nacional (2020) y Resoluciones del XXVII Congreso Nacional (2025).
IV. El acuerdo por la Paz y la nueva constitución.
La posición estratégica del proletariado en la economía crea las condiciones materiales para disputar el poder; no produce automáticamente conciencia socialista, organismos revolucionarios ni una dirección política propia. Después del 12 de noviembre no volvió a convocarse una huelga general de semejante magnitud. Unidad Social, la CUT y las principales direcciones sindicales comenzaron a desplazar progresivamente el centro político desde la movilización independiente hacia una salida institucional. La cuestión no fue, por tanto, simplemente que “faltara más movimiento obrero”. El proletariado había intervenido y había demostrado su fuerza. Lo que faltaba era una corriente obrera socialista capaz de transformar esa fuerza social en hegemonía política sobre el conjunto de los explotados y oprimidos.
La dirección proletaria de una revolución no deriva espontáneamente de la ubicación objetiva de los trabajadores en la producción. Debe ser conquistada mediante organización, programa y lucha política. En ausencia de esa corriente, comenzaron a ocupar el espacio político direcciones ya existentes: el reformismo tradicional del PC, los partidos burgueses denominados progresistas, nuevas fuerzas pequeñoburguesas surgidas de los movimientos sociales y, posteriormente, los independientes que trasladaron hacia la Convención buena parte de las expectativas abiertas por octubre.
Tres días después de la huelga general, los partidos del régimen consiguieron articular el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de la noche del 15 de noviembre del 2019. No derrotaron inmediatamente la revolución ni consiguieron hacer desaparecer de un día para otro la movilización. Pero comenzaron a modificar el terreno sobre el que ésta se desarrollaba: de la crisis abierta por la movilización violenta e independiente hacia un causa institucional del régimen.
El Acuerdo por la Paz fue, en este sentido, una respuesta defensiva del régimen burgués ante el punto más alto alcanzado por la movilización. Su importancia no radicó únicamente en abrir un plebiscito constitucional, sino en crear un mecanismo capaz de incorporar progresivamente fuerzas que hasta entonces habían crecido cuestionando a los partidos tradicionales.
La ampliación del Acuerdo por la Paz y la conquista de “legitimidad” para desviar.
El Acuerdo del 15 de noviembre no nació con la legitimidad suficiente para cerrar por sí solo la situación abierta en octubre. Los partidos que lo habían firmado estaban profundamente desprestigiados y el Partido Comunista, junto con otros sectores de izquierda, no había suscrito el documento. El problema para el régimen era, por tanto, cómo transformar un acuerdo parlamentario realizado desde arriba en un itinerario capaz de incorporar expectativas reales surgidas desde abajo.
Ese proceso comenzó mediante una ampliación política y legislativa del proceso constituyente. En diciembre de 2019 y enero de 2020 empezó a tramitarse una reforma destinada a incorporar listas de independientes y mecanismos de paridad de género en la futura Convención. La ley fue finalmente publicada el 24 de marzo de 2020. Meses después se agregaron además los escaños reservados para pueblos originarios. Estas modificaciones no estaban contenidas originalmente en el Acuerdo del 15 de
noviembre; fueron incorporadas posteriormente y ampliaron significativamente su capacidad para atraer sectores que inicialmente desconfiaban del proceso.
Aquí aparece con claridad el papel del Partido Comunista. El PC no firmó el Acuerdo del 15 de noviembre. Pero su política comenzó rápidamente a desplazarse desde la crítica exterior hacia la intervención dentro del proceso constituyente. Ya a comienzos de enero de 2020 Guillermo Teillier señalaba públicamente que el partido estaba participando del proceso, aunque mantuviera críticas, y defendía precisamente la incorporación de la paridad, los escaños reservados para pueblos originarios y las listas de independientes. Su argumento era que esas modificaciones permitirían acercar la Convención a una Asamblea Constituyente.
Este desplazamiento resulta políticamente más importante que una adhesión formal al documento del 15 de noviembre. El PC no necesitó firmar retroactivamente el Acuerdo para terminar actuando dentro del terreno político que éste había establecido. La ampliación de la representación de independientes, la paridad y posteriormente los escaños reservados permitieron que sectores que expresaban demandas auténticas de octubre comenzaran a reconocer en el proceso constituyente un terreno posible para obtener conquistas.
Por eso el desvío institucional no puede explicarse simplemente como una “traición” consumada la noche del 15 de noviembre. El mecanismo fue más complejo. La burguesía necesitaba que el desvio institucional incorporara reivindicaciones reales y que fuerzas con legitimidad en el movimiento social participaran de él. Cada ampliación democrática podía constituir una conquista parcial y, al mismo tiempo, fortalecer políticamente un proceso que trasladaba el centro de gravedad desde la movilización independiente hacia la recomposición del régimen.
Al mismo tiempo se producía un desplazamiento muy concreto en los métodos de lucha. Después de la huelga general del 12 de noviembre las organización sindicales no volvió a convocarse una jornada nacional de características semejantes. La distancia entre ambos momentos puede medirse casi simbólicamente: el 12 de noviembre la clase trabajadora había paralizado sectores importantes de la producción, el transporte y los servicios; cuatro meses después, el Bloque Sindical de Unidad Social convocaba para el 11 de marzo de 2020 una paralización simbolica de once minutos, junto con un cacerolazo nocturno.
El contraste no es anecdótico. Expresa un cambio político. De una huelga general que había planteado objetivamente el problema del poder se había pasado a una acción testimonial que no buscaba profundizar la crisis del gobierno ni organizar una nueva demostración de fuerza de la clase trabajadora. Mientras la movilización de octubre y noviembre había desbordado a las direcciones, hacia marzo las principales organizaciones sindicales y sociales vinculadas a Unidad Social orientaban crecientemente su intervención hacia el plebiscito y el proceso constituyente.
No se trataba todavía de una derrota consumada. En marzo de 2020 seguían existiendo enormes reservas de movilización —la movilización del día internacional de la mujer el 8 de marzo lo demostraría de manera contundente— y el régimen continuaba profundamente debilitado. Pero comenzaba a producirse un cambio en el centro de gravedad político. La movilización dejaba progresivamente de organizar el
calendario de la política; el calendario constituyente comenzaba a organizar la movilización.
Y precisamente aquí puede introducirse el problema del programa. El Partido Comunista no había dirigido la irrupción espontánea de octubre ni controlado la huelga general del 12 de noviembre. Pero cuando la revolución comenzó a necesitar una orientación política más definida, el PC poseía algo que la espontaneidad no había producido: una organización nacional, influencia sindical, representación institucional y una estrategia (de colaboración de clases) previamente elaborada. Esa estrategia —la lucha por una democracia más profunda como etapa de transformación— encontraría en el proceso constituyente un terreno particularmente favorable para desarrollarse. El Acuerdo del 15 de noviembre abrió la posibilidad del desvío; su ampliación posterior le proporcionó legitimidad. El problema decisivo ya no era solamente qué había acordado la burguesía, sino qué programas permitieron que sectores del movimiento de masas hicieran suyo ese terreno institucional.
V. La Convención Constitucional y el programa del Estado Social de Derecho.
La contradicción abierta por el proceso constituyente alcanzó su forma más desarrollada con la elección de convencionales de mayo de 2021. La derecha no consiguió el tercio que esperaba utilizar como poder de veto, la antigua Concertación sufrió una derrota histórica y emergió una representación heterogénea de independientes, movimientos sociales y pueblos originarios. La Lista del Pueblo obtuvo 27 escaños y apareció como una de las expresiones electorales más visibles del rechazo a los partidos tradicionales. Lejos de demostrar que la burguesía hubiera recuperado ya el control de la situación, ese resultado mostró que la fuerza social abierta en octubre continuaba expresándose electoralmente y que la crisis de representación permanecía abierta.
La Convención, por tanto, no nació con su desenlace predeterminado. La derecha había sufrido una derrota electoral profunda y una parte considerable de los convencionales había sido elegida precisamente como expresión del rechazo al régimen político existente. La contradicción apareció desde el comienzo. La Vocería de los Pueblos y el manifiesto suscrito inicialmente por convencionales independientes plantearon que la Convención debía asumir soberanía frente a los poderes constituidos y cuestionaron aspectos fundamentales del itinerario definido por el Acuerdo del 15 de noviembre. La cuestión decisiva era qué política iba a imponerse dentro de aquella representación surgida de octubre y cuál sería su relación con la movilización exterior.
Esa posibilidad fue abandonada progresivamente. La mayoría de los independientes terminó orientándose hacia la construcción de acuerdos internos con el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La Convención aceptó funcionar dentro del marco institucional existente y dejó de concebirse como un punto de apoyo para reactivar la movilización independiente desde fuera. La burguesía no comenzó a recuperar la iniciativa porque hubiese ganado la elección de convencionales, sino porque buena parte de quienes habían sido elegidos como expresión de la crisis del régimen terminaron actuando dentro de las instituciones del régimen.
Aquí adquirió una importancia particular el Partido Socialista. Su renovación durante los años ochenta, su aceptación de la transición pactada y sus posteriores décadas de
administración del capitalismo chileno durante la década de la Concertación lo habían transformado en una fuerza orgánica de la burguesía. Desde este punto de vista puede caracterizarse como un partido burgués con vínculos sindicales y sociales: su función histórica había pasado a ser administrar el capitalismo chileno, preservar sus relaciones fundamentales de propiedad y construir gobernabilidad. Precisamente esa trayectoria, junto al Partido Comunista, le permitió actuar dentro de la Convención como una bisagra entre la antigua gobernabilidad burguesa y las nuevas representaciones surgidas de octubre.
Trotsky, al analizar la revolución española, mostró que la representación política de la burguesía no depende necesariamente de que sus partidos tradicionales posean directamente la mayoría. En Las lecciones de España: última advertencia escribía que, bajo el Frente Popular, “el lugar de la burguesía estaba ocupado por su sombra”: aunque sus representantes directos fueran débiles, socialistas, estalinistas y anarquistas preservaban la inviolabilidad de la propiedad privada. La analogía no debe trasladarse mecánicamente a Chile, pero el método permite comprender un problema semejante. La derrota electoral de la derecha y de la antigua Concertación no eliminó los límites de clase de la burguesía. Estos podían mantenerse a través de fuerzas que, aun surgidas de la crisis de representación, preservaran la propiedad capitalista y el Estado existente. La independencia de clase no se determina solamente preguntando qué partidos ocupan los escaños, sino qué programa domina, qué relaciones de propiedad permanecen fuera de discusión y hacia qué instituciones son orientadas las expectativas de las masas.
El programa que terminó condensando esa orientación fue el del Estado Social y Democrático de Derecho. Estas aspiraciones no se sustentaban con la estructura material del capitalismo chileno. Los principales grupos económicos nacionales se encuentran asociados al capital transnacional y forman parte de una economía dependiente estructurada alrededor de la gran minería, la banca, las finanzas, el comercio, la energía y otras ramas estratégicas. No existe una burguesía nacional progresiva separada de esas relaciones y dispuesta a encabezar una transformación antiimperialista. Por eso recuperar plenamente el cobre, terminar con las AFP, controlar el crédito, reorganizar la inversión y garantizar efectivamente derechos universales conduce inevitablemente hacia el problema de la propiedad. Las tareas democráticas y sociales, cuando se llevan hasta sus últimas consecuencias, comienzan a chocar con las relaciones capitalistas de propiedad.
Aquí reside el carácter ilusorio del Estado Social de Derecho como programa de la convención constitucional. No porque los derechos que proclama carezcan de valor, sino porque pretende garantizar derechos sociales universales preservando los centros fundamentales del poder económico que permanentemente los limitan. Un Estado puede reconocer constitucionalmente el derecho a la vivienda mientras el suelo continúa organizado como mercancía; proclamar el derecho a la seguridad social mientras el capital financiero conserva posiciones decisivas; reconocer la salud como derecho mientras permanece un poderoso negocio privado; o declarar soberanía sobre los recursos naturales sin expropiar a quienes controlan efectivamente su explotación. La democracia burguesa puede adornarse con nuevos derechos sin dejar por ello de ser una democracia asentada sobre la propiedad capitalista.
Éste es el punto que Lenin planteaba al polemizar contra las ilusiones constitucionales: confundir la proclamación jurídica de un derecho con la existencia de las relaciones materiales de fuerza necesarias para hacerlo efectivo. El marxismo no es indiferente frente a las conquistas democráticas; lucha por ellas y las defiende. El problema comienza cuando esas conquistas son transformadas en una estrategia de poder de la clase obrera y la ampliación jurídica de la democracia sustituye la transformación de las relaciones de propiedad y del Estado.
La propuesta constitucional de 2022 expresó esta contradicción. Podía definir a Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico y ampliar considerablemente el catálogo constitucional de derechos. Pero la gran minería privada, la banca y los principales conglomerados económicos permanecían intactos; las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Poder Judicial y la administración central del Estado tampoco eran reemplazados por organismos surgidos de la movilización popular. Lo que no estaba planteado era qué clase debía controlar efectivamente las minas, los bancos, los puertos, la energía, el comercio exterior y los principales medios de producción.
La Convención Constitucional constituyó así una prueba práctica del programa de la “revolución por etapas”. Lo que aparecía en la teoría como “neoliberalismo versus democracia”, “democracia profunda” o una primera etapa antineoliberal encontró una forma política concreta: subordinar la movilización a la conquista de mayorías dentro de la institucionalidad constituyente. Si la tarea histórica consistía primero en profundizar la democracia, la Convención podía convertirse lógicamente en el centro estratégico del proceso. Si, en cambio, las tareas democráticas y sociales conducían directamente hacia el problema de la propiedad y del poder, la Convención sólo podía constituir un terreno táctico subordinado al desarrollo de la movilización independiente de la clase trabajadora.
En este punto resulta útil la categoría de reacción democrática elaborada por Nahuel Moreno. Cuando una revolución no puede ser derrotada inmediatamente mediante una contrarrevolución abierta, la burguesía puede utilizar elecciones, parlamentos, procesos constituyentes, libertades democráticas y concesiones para reconstruir la legitimidad del Estado y trasladar hacia sus instituciones un movimiento que había surgido independientemente de ellas. La reacción democrática no excluye la represión; puede combinar apertura institucional, criminalización, fortalecimiento policial y coerción estatal. Su especificidad consiste en procurar la derrota política de la independencia de las masas antes que su destrucción física.
El proceso chileno adquirió precisamente esa dinámica. El resultado fue una modificación del centro de gravedad: las expectativas comenzaron a depositarse menos en la capacidad independiente de la movilización y más en la posibilidad de que una nueva institucionalidad realizara desde arriba las transformaciones reclamadas desde abajo.
Primero la alta participación de las primarias de la coaliación reformista Boric-Jadue, que dio luego el triunfo presidencial de Gabriel Boric en diciembre de 2021 reforzó esa perspectiva. Para millones podía aparecer como la continuación institucional del ciclo abierto en octubre: un presidente proveniente del movimiento estudiantil, una coalición integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista y una Convención redactando
una nueva Constitución. La fórmula utilizada por Boric —“Chile será la tumba del neoliberalismo”— condensaba esa expectativa: realizar transformaciones profundas mediante gobierno progresista, mayoría electoral y nueva Constitución, sin una ruptura con el poder económico de la burguesía. El proceso constituyente y el gobierno no fueron, por tanto, fenómenos completamente separados; fueron distintos momentos de la institucionalización de las expectativas abiertas por octubre.
Esa sucesión podía producir una lectura lineal y facilista de las conquistas: el 80% del Apruebo en el plebiscito de entrada, la derrota de la derecha en la elección de convencionales y la victoria presidencial de Boric parecían eslabones de un avance continuo. Pero mientras se acumulaban victorias electorales parciales, la relación de fuerzas social comenzaba a modificarse. El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 mostró brutalmente ese cambio: el Rechazo obtuvo un 61,86% frente al 38,14% del Apruebo. La magnitud de la derrota no puede explicarse únicamente por errores comunicacionales, noticias falsas o normas controvertidas del proyecto. Todos esos elementos actuaron dentro de un proceso político más profundo: el bloque social movilizado desde octubre había perdido progresivamente su independencia política.
Durante casi tres años, las expectativas habían pasado desde la movilización hacia el Acuerdo por la Paz, de allí al plebiscito de entrada, posteriormente a la Convención, al gobierno de Boric y finalmente al plebiscito de salida. Cuando llegó la derrota electoral ya no existían organismos independientes de masas capaces de responder desde fuera de las instituciones del régimen. Por eso el 4 de septiembre fue menos el comienzo de la derrota que su manifestación electoral evidente. La burguesía no necesitó un golpe de Estado semejante al de 1973. Había conseguido algo diferente: recuperar la iniciativa política, reconstruir parcialmente la legitimidad del régimen y conseguir que una crisis surgida fuera de sus instituciones terminara resolviéndose fundamentalmente dentro de ellas.
El segundo proceso constitucional de 2023 mostró la magnitud de la modificación. La derecha que en mayo de 2021 ni siquiera había alcanzado un tercio apareció dos años después en condiciones de hegemonizar electoralmente el nuevo proceso. El posterior triunfo del “En Contra” tampoco significó un retorno a octubre; expresó principalmente el agotamiento del mecanismo constitucional. El doble rechazo cerró el ciclo constituyente, pero no restituyó la iniciativa política independiente de las masas.
Sobre esa nueva relación de fuerzas pudo desarrollarse posteriormente el desplazamiento político hacia la derecha y el triunfo presidencial de José Antonio Kast. Esto no significa que Kast explique retrospectivamente la derrota de octubre. La relación causal es la inversa: su ascenso fue posible sobre un terreno previamente modificado por la derrota política de la movilización independiente y por la normalización institucional desarrollada durante el convención constitucional y el gobierno de Boric.
6. Qué faltó: programa, implantación en la clase trabajadora y dirección revolucionaria.
El balance del período permite precisar el carácter de la derrota. Octubre no terminó con una masacre contrarrevolucionaria ni con la destrucción física de las organizaciones
obreras como en 1973. La burguesía combinó represión con reacción democrática, concesiones con institucionalización y utilizó la colaboración de las direcciones reformistas para reconstruir su dominio. La derrota fue fundamentalmente por la desmoralización y el desgaste de las energías del movimiento de masas: las masas perdieron progresivamente su capacidad para actuar como fuerza independiente; las formas embrionarias de organización no se transformaron en organismos estables de poder; la clase trabajadora no construyó una dirección capaz de disputar la conducción del proceso y las expectativas terminaron subordinadas a instituciones que permanecían dentro del Estado burgués.
En Chile existieron condiciones extraordinarias y una irrupción violenta e independiente de millones, pero no una organización revolucionaria con arraigo suficiente en la clase trabajadora para transformar aquella fuerza social en una estrategia de poder. Es necesario preguntarse qué organización faltó, construida sobre qué programa, con qué implantación social y mediante qué práctica cotidiana. Y esto obliga también a revisar críticamente qué estaban construyendo antes del 18 de octubre las organizaciones que se reivindicaban de la izquierda revolucionaria.
A. Primera lección: la centralidad estratégica de la clase trabajadora
Una característica predominante de buena parte de esa izquierda previa al 18 de octubre de 2019 fue que la construcción de una corriente obrera socialista no ocupaba el centro de su actividad estratégica. Existía intervención en conflictos de trabajadores, solidaridad con huelgas y participación en determinadas luchas sindicales, pero frecuentemente como intervención posterior a que los conflictos ya hubieran estallado, sin una política sistemática y prolongada destinada a construir organización socialista dentro de empresas, faenas, puertos, centros logísticos, minería, transporte, industria y grandes servicios. La clase trabajadora aparecía muchas veces como un movimiento al cual acompañar cuando entraba en lucha, más que como la clase en cuyo interior debía construirse previamente una alternativa política capaz de disputar el poder.
Otros sectores, entre ellos organizaciones provenientes de la tradición del MIR, desplazaron su centro de gravedad hacia el movimiento estudiantil, las luchas territoriales, los pueblos originarios o hacia una concepción de la radicalidad identificada principalmente con formas de acción combativa. Todas estas luchas expresan contradicciones reales del capitalismo y una organización revolucionaria debe intervenir en ellas. El problema surge cuando sustituyen una estrategia de construcción proletaria. La radicalidad de los métodos no reemplaza una implantación de clase, del mismo modo que la presencia en movimientos sociales no sustituye la construcción de una corriente obrera socialista. La cuestión no consiste en oponer mecánicamente al proletariado con estudiantes, mujeres, pueblos originarios, movimientos ambientales o territoriales, sino en determinar qué clase posee la capacidad material para unificar esas luchas alrededor de una alternativa de poder.
Octubre mostró crudamente las consecuencias de esa debilidad previa. La izquierda revolucionaria disponía de militantes, experiencias, organizaciones pequeñas y presencia parcial en distintos movimientos, pero no había construido una corriente obrera socialista fuerza suficiente en los sectores estratégicos de la clase obrera para intervenir decisivamente cuando la huelga general del 12 de noviembre llevó la crisis a su punto más alto. La espontaneidad podía desbordar momentáneamente a las
direcciones tradicionales del PS y el PC; no podía crear en algunas semanas una dirección revolucionaria que requería años de acumulación anterior.
B. Segunda lección: una hipótesis programática y una estrategia de poder.
Una organización que aspire a dirigir una revolución debe disponer antes de ella de una hipótesis programática. No una profecía acerca de cómo ocurrirán exactamente los acontecimientos, sino una comprensión concreta de las contradicciones fundamentales del capitalismo chileno, su estructura de clases, los sectores decisivos del proletariado y los puntos donde las necesidades de millones entran en contradicción con las relaciones capitalistas de propiedad. Para Chile esto significa estudiar científicamente su lugar en el capitalismo mundial; cómo se produce y apropia el excedente; qué papel desempeñan la gran minería, la banca, los puertos, el transporte, la logística, las grandes cadenas comerciales y los servicios; cuál es el peso del capital extranjero; cómo opera la subcontratación; qué transformaciones ha sufrido la clase trabajadora y de qué forma el Estado garantiza esas relaciones de propiedad. Sin ese trabajo, un programa de transición corre el riesgo de transformarse en una plantilla aplicada mecánicamente a una formación social concreta.
Pero la cuestión programática culmina finalmente en el problema del Estado. Una organización puede defender numerosas reivindicaciones progresivas y permanecer dentro del horizonte reformista si no responde una pregunta fundamental: ¿qué clase debe gobernar? La dictadura del proletariado no puede constituir un apéndice colocado al final de un programa mientras la práctica cotidiana se organiza mediante una lógica diferente. Esto no significa repetir mecánicamente esa consigna en cada conflicto, sino evaluar las reivindicaciones, las alianzas y las tácticas preguntando si aumentan la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas, favorecen su organización independiente, permiten desarrollar organismos propios y contribuyen a separarlos políticamente de la burguesía y de sus variantes progresistas, o si terminan reforzando la confianza en una nueva administración del mismo Estado. El objetivo es que las luchas parciales formen parte de una acumulación política hacia el poder de la clase trabajadora y no de una sucesión interminable de reformas cuyo horizonte permanece dentro del capitalismo. A Su vez la lucha teórica es fundamental de la educación de una vanguardia obrera socialista.
C. Tercera lección : implantación obrera, sectores estratégicos y formación de cuadros.
El problema programático desemboca directamente en la implantación obrera. Una corriente revolucionaria no se fusiona con la clase trabajadora simplemente porque algunos de sus militantes sean trabajadores. La fusión significa construir una presencia política organizada y reconocible en empresas, faenas, sindicatos, centros logísticos, puertos, minería, transporte, industria, grandes servicios y barrios obreros; formar dirigentes que no sean solamente buenos sindicalistas, sino cuadros capaces de relacionar una negociación colectiva, un conflicto de empresa o una lucha democrática con una comprensión general del capitalismo, del Estado y del problema del poder.
Octubre mostró por qué esto es decisivo. La clase trabajadora poseía fuerza objetiva y experiencias acumuladas. Cuando irrumpió mediante la huelga general del 12 de noviembre llevó la crisis a su punto más alto, pero esa potencia no encontró una
corriente socialista suficientemente implantada en su interior capaz de transformarla en una orientación política nacional. No se trata de convertir los llamados sectores estratégicos en un fetiche: una revolución moviliza necesariamente a sectores sociales mucho más amplios. Pero existe una diferencia material entre protestar contra el funcionamiento de la sociedad y detener su funcionamiento desde dentro. Minería, puertos, transporte, logística, industria y grandes servicios poseen una capacidad específica para afectar la producción y la circulación. Una organización que se proponga seriamente disputar el poder no puede ser indiferente respecto de dónde concentra su trabajo político.
Esta implantación exige años de actividad paciente: formación, prensa, intervención sindical, construcción de agrupaciones, solidaridad con conflictos y educación política. Buena parte de ese trabajo puede parecer poco espectacular. Es el trabajo “gris” que precede a las grandes jornadas históricas. Pero precisamente ésa es una de las principales lecciones de octubre: la revolución puede producir en pocos días millones de combatientes; no produce automáticamente cuadros revolucionarios experimentados ni una dirección nacional.
D. Cuarta lección: acumulación previa y construcción del partido obrero socialista
De este balance surge una conclusión organizativa que no puede postergarse hasta una nueva crisis revolucionaria. Una nueva revolución tampoco anunciará previamente su fecha. Lo que sí puede prepararse es la organización capaz de intervenir cuando aparezca. Esto exige combinar elaboración programática para Chile, formación marxista de cuadros, implantación política sistemática en los sectores decisivos de la clase trabajadora y construcción de una organización cuya actividad sindical, territorial, estudiantil, electoral o democrática permanezca subordinada a una estrategia de poder proletario. La cuestión esencial es la acumulación previa.
El estudio científico del capitalismo chileno, la elaboración programática, la intervención cotidiana en la clase obrera y la formación de cuadros pueden parecer tareas modestas frente a las grandes jornadas del 18 de octubre. Pero cuando esas jornadas llegan, aquello que parecía gris se transforma en una cuestión de poder.
Es desde esta conclusión que debe comprenderse también nuestra propia ubicación política. La Voz Obrera CORI-CI nace como expresión de ex militantes de un sector del Comité Central del MIT, entonces integrante de la LIT-CI, quienes a partir de septiembre de 2025 resolvimos constituir una organización política propia. Este balance recoge también algunas de las posiciones que sostuvimos durante años como minoría al interior del Comité Central de nuestra anterior organización y que, en aquel marco, permanecieron principalmente como debates internos. Hoy las hacemos públicas como parte de un proceso de elaboración programática y de construcción de una nueva organización revolucionaria en Chile. No se trata, por tanto, de una elaboración realizada retrospectivamente después de nuestra salida, sino de debates y conclusiones que comenzaron a formularse durante nuestra militancia anterior. Desde 2025 comenzamos a hacer públicas esas discusiones con el objetivo de avanzar hacia la construcción de una organización propia y contribuir a la fundación en Chile de un partido obrero socialista, revolucionario e internacionalista, implantado en la clase trabajadora y preparado para disputar su dirección política.
17 de octubre del 2026.
