por Julian Ledezma
18 de mayo de 2026, las multitudes convocadas por la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Campesinos Tupak Katari de La Paz, Las Federaciones de Maestros Urbanos y Rurales de La Paz, la Federación de Trabajadores Fabriles y otros sectores , además de la marcha “Por la Vida para Salvar Bolivia” convocada por el sector de Evo Morales confluyeron desde la ciudad de El Alto y otras zonas, alrededor de la Plaza Murillo, sede del gobierno y congreso boliviano, cercando la plaza alrededor de cuatro horas, en medio de enfrentamientos con la policía que reprimió con dureza la movilización. La consigna central ¡Renuncia de Rodrigo Paz Pereira!
Lo vivido en la jornada, es uno de los corolarios de un agudo procesos de desgaste político del gobierno de Rodrigo Paz, a seis meses de su triunfo electoral y posesión el 22 de octubre de 2025.
Acumulación del desgaste del gobierno de Paz
Desde su asunción el gobierno de Rodrigo Paz ha venido aplicando medidas de ajuste, con el pretexto de revertir la crisis económica, con una clara orientación de favorecer al sector agroindustrial de la oligarquía boliviana y cargando el peso de la crisis en los trabajadores y pueblo empobrecido. Empezó designando un gabinete ministerial con personajes venidos directamente del sector agroindustrial, luego anuló el impuesto a las grandes fortunas, retiro la subvención a la harina, provocando la subida del pan alimento básico de la dieta popular, en diciembre quitó la subvención a los combustibles, encareciendo de manera generalizada el costo de vida de la población trabajadora, pero el colmo de la medida es que no garantizó una gasolina calidad, desde esa fecha hasta hoy, se han reportado miles de automóviles dañados por la gasolina, afectando en especial a los cuentapropistas que prestan el servicio de transporte público. Para rematar el 10 de abril promulgo la Ley 1720 de reconversión de la propiedad agraria, abriendo las puertas para el despojo de los pequeños propietarios.
Sin embargo también desde los primeros momentos, tuvo en frente la respuesta organizada del movimiento obrero y popular.
En enero, una poderosa movilización hizo retroceder una serie de medidas antipopulares que venían acompañando la subida de los combustibles, si bien no logró revertir el incremento puso un freno al gobierno en otras medidas. Entre marzo y abril, varios paros del transporte lograron comprometer al gobierno el resarcimiento de daños a los vehículos por la mala calidad del combustible. El mismo día que Paz Pereira promulgaba la Ley de reconversión de la pequeña propiedad agraria, partía una marcha de los indígenas del oriente pidiendo su anulación, luego de una caminata de casi un mes, la marcha llegó a La Paz y logro la abrogación de la Ley.
El primero de mayo la Central Obrera Boliviana convocó a un cabildo en la ciudad de El Alto, demandando aumento salarial, anulación de la Ley 1720 resarcimiento al daño de vehículo, defensa de las empresas estatales. El cabildo declaró la huelga general indefinida hasta la atención de las demandas o caso contrario la renuncia de Rodrigo Paz si no es capaz de resolver las demandas.
A la convocatoria se sumó también la Federación de campesinos de La Paz declarando el bloqueo de caminos en el departamento pidiendo la renuncia de Paz Pereira. En tanto en el trópico de Cochabamba las federaciones de cocaleros encabezadas por Evo Morales, convocaron a la “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia” recorriendo a pie cerca de 300 km hasta la ciudad de La Paz, marcha que llegó el 18 de mayo.
El momento actual
Son tres semanas de movilización, con epicentro en el departamento de La Paz y en particular en la ciudad de El Alto, la demanda central la renuncia de Paz Pereira. En su intento de desarticular, el gobierno ha venido realizando acuerdos sectoriales, firmó con los dirigentes de maestros urbanos y rurales, un bono anual, en lugar del aumento salarial, con los indígenas del oriente, la abrogación de la Ley 1720, con la Central Obrera Regional de El Alto, un acuerdo para provisión de internet en colegios del El Alto, con los transportistas acuerdos para resarcir daños a los vehículos. A la par, ha emitido ordenes de arresto contra el principal ejecutivo de la COB, de dirigentes de la ciudad de El Alto y dirigentes campesinos acusándole de entre otras cosas de terrorismo, con amenaza de cárcel con penas de 3 a 5 años.
El país ha entrado en una polarización, la movilización se concentra en La Paz y en algunos departamentos mediante bloqueos organizados por el movimiento campesino, sin embargo debido a la falta de preparación, el resto del movimiento obrero aun no ha asumido la medida de la huelga, también los maestros, luego del acuerdo de su dirigencia, ha dejado de participar en varias ciudades, con algunas excepciones como La Paz y Oruro, donde las bases han rechazado el acuerdo y continúan movilizados.
En general, las clases medias de las ciudades exigen la declaratoria del estado de sitio y mano dura contra los movilizados, por ello en respuesta el gobierno ha emitido las ordenes de captura de los dirigentes de la COB.
La burguesía en su conjunto se pronunció respaldando al gobierno, si bien le critican su falta de capacidad, en su conjunto llaman a defender la democracia y aplicar mano dura contra los movilizados.
Perspectivas
En los siguientes días, es posible que se defina el curso del conflicto, por un lado la profundización de la movilización hasta lograr la renuncia de Paz Pereira, para ello será necesario la incorporación del conjunto del movimiento obrero y popular en el resto de las ciudades, pero eso requiere que la dirigencia asuma un rol más decidido en la organización y fortalecimiento de la medida, algo que de momento no sucede. Un elemento que no facilita en avanzar en esta salida es ¿quién gobierna después de Paz? Las alternativas inmediatas son ¿el vicepresidente Lara? ¿Adelanto de las elecciones?, en ese contexto la ¿candidatura de Evo Morales?, pero para ello deben de recomponer todo el andamiaje legal que impide su postulación. Lo que también abre el riesgo de un gobierno de la ultraderecha. La falta de esa claridad es un factor que impide que haya una mayor incorporación del movimiento obrero y popular.
Otra posibilidad es que se intente imponer una represión dura para obligar el repliegue de los movilizados, con el respaldo de las clases medias y los partidos de la burguesía, para lo cual va a tener que imponer métodos violentos y muchas víctimas. Esta alternativa también va a significar un mayor debilitamiento del gobierno, por ello de momento el gobierno no se juega a fondo en esa salida, pero no es de descartar si de ella depende su supervivencia.
La tercera posibilidad una salida negociada, con los dirigentes, a cambio de ciertas concesiones en procesos judiciales y parciales concesiones en conquistas sociales. Actualmente, algunos sectores de la dirigencia se abrieron por esta alternativa, pero salieron desgastados y desconocidos por sus bases.
