Por Tamara Pouliquen, VO Chile.

“[La mujer proletaria…] Sus exigencias políticas están profundamente arraigadas no en el antagonismo entre el hombre y la mujer, sino en el abismo social que separa a la clase de los explotados de la clase de los explotadores; es decir, en el antagonismo entre el capital y el trabajo.”

Rosa Luxemburgo, «La Proletaria».

El cierre —o agotamiento— del llamado “ciclo progresista” es un tópico de debate entre corrientes de izquierda, politólogos y analistas para nombrar el fin de esos gobiernos y el ascenso de administraciones de ultraderecha en países como Chile y Argentina.

Más allá de la disputa terminológica, para las mujeres trabajadoras es imprescindible hacer un balance de esa experiencia. Al calor de la marea del movimiento de mujeres, distintas corrientes feministas centralizaron la acción y la dirección de miles de nosotras, que llenamos las calles y sacudimos ciudades enteras para expresar el malestar frente a un sistema político, social y económico que oprime y explota.

Sin embargo, las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras no cambiaron de manera sustancial: la precariedad laboral, el déficit habitacional y el deterioro de la salud y la educación siguieron marcando el pulso de sociedades que aparentan “avanzar”, pero dejan a la mitad de la población privada de derechos fundamentales y expuesta a la violencia social, a la descomposición moral y a la carestía de la vida.

Es tarea de quienes luchamos por la revolución explicar la cuestión de la mujer, sus avances y retrocesos. Eso ayuda a comprender por qué muchas compañeras que ayer se radicalizaban en las calles para denunciar las opresiones del capitalismo hoy, contradictoriamente, ven en gobiernos ultraliberales en lo económico y ultraconservadores en lo relativo a los derechos de las mujeres una supuesta alternativa.

Los gobiernos progresistas y sus límites en la política hacia las mujeres

En primer lugar, es necesario subrayar que el movimiento de mujeres es más amplio que el feminismo. Lo componen mujeres con tendencias ideológicas diversas, de distintas clases sociales, y con estrategias y proyectos político-ideológicos no solo diferentes, sino a menudo opuestos.

Por esa composición heterogénea, el movimiento no conduce automáticamente “a la izquierda”. Según los ciclos de la lucha de clases, también puede desplazarse hacia la derecha. En Chile, por ejemplo, durante el gobierno de la Unidad Popular, sectores de mujeres de la burguesía se organizaron contra el “marxismo ateo” y dieron forma al movimiento Poder Femenino. En Argentina, incluso, existen corrientes feministas libertarias que apoyan al gobierno de Javier Milei.

El problema central, entonces, no se define por etiquetas de “izquierda” o “derecha”, sino por los intereses de clase a los que responden los programas, partidos y gobiernos.

Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina integran la lista de gobiernos comúnmente caracterizados como “progresistas”. A ello se sumó una segunda “marea rosa” —término usado para referirse al retorno de gobiernos de este signo desde inicios de la década de 2020—, con figuras como Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México. Estos últimos generaron expectativas particularmente altas en sectores “de izquierda” del feminismo.

Más allá de las particularidades históricas de cada proceso, la mayoría se autodefinió como “de izquierda”, aunque sus reformas no implicaran cambios estructurales en el orden capitalista. Lo decisivo no es la fraseología: se trata, en lo esencial, de gobiernos social-liberales que apelan a recomponer un “Estado social” sin un proyecto de transformación nacional que supere economías primario-exportadoras. Por el contrario, sostienen una renta extractiva basada en recursos petroleros, mineros, silvoagropecuarios y marinos (commodities), mantienen una fuerte dependencia del mercado mundial, cooptan por arriba a movimientos sociales y confían en la redistribución de la riqueza dentro de los límites del capitalismo.

En materia de “políticas de género”, el eje fue la continuidad del diseño estratégico impulsado por ONU Mujeres y la expansión de la institucionalidad estatal del enfoque de género. Paridad, Sistema Nacional de Cuidados, aborto legal y una vida libre de violencias se colocaron como demandas centrales.

¿Cómo se tradujeron, en la práctica, estas demandas?

Paridad. La búsqueda de una representación equilibrada entre hombres y mujeres (50/50) se expresó, por ejemplo, en la creación del Ministerio de la Mujer (Chile) y en el aumento de nombramientos de mujeres en gabinetes, fiscalías y defensorías, como ocurrió bajo Petro en Colombia o con el gobierno de Sheinbaum en México, entre otros casos.

Sistema Nacional de Cuidados. En México y Perú, el acceso a cuidados se incorporó a la legislación como un derecho humano. En Chile, el gobierno de Boric impulsó la Ley “Chile Cuida”, implementada como Red de Apoyos y Cuidados, y creó la credencial de Persona Cuidadora para quienes realizan esta tarea. También en Chile, la Ley “Papito Corazón” fue presentada como un avance al facilitar el pago de deudas de pensión alimenticia a partir de fondos retenidos por las administradoras de pensiones.

Aborto. En Chile, durante el gobierno de Bachelet se aprobó una despenalización parcial bajo tres causales; y pese a que el aborto legal fue una promesa relevante del gobierno de Boric, no existe hasta hoy una iniciativa efectiva para aprobarlo. En Colombia y Argentina se ampliaron derechos: en Argentina, el aborto legal se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque su implementación enfrentó obstáculos (entre ellos, negociaciones con la Iglesia Católica y la sanción de la llamada Ley de los Mil Días). En México, el gobierno de AMLO adoptó una posición ambigua: promovió Servicios de Aborto Seguro (SAS) en algunos niveles para evitar conflictos con jerarquías eclesiásticas y costos politicos, sin impulsar una política nacional. integral.

¿Vivimos mejor?

A primera vista, el panorama podría leerse como una secuencia de avances. Pero, para las trabajadoras, la realidad sigue siendo apremiante. Los sistemas de cuidados, tal como se implementan, no nos liberan de la esfera privada: tienden a monetizarla mediante bonos o salarios tan precarios que ni siquiera alcanzan el mínimo. El reconocimiento, así, resulta más formal que material, porque refuerza el encierro en el hogar e impide un desarrollo pleno.

La paridad entendida como “igualdad de representación” tuvo escaso impacto sobre la vida de las trabajadoras: el hecho de que haya mujeres en cargos de gobierno no impidió que se administrara a favor de grandes empresarios y grupos económicos —nacionales y transnacionales—. Un ejemplo es el fortalecimiento del negocio previsional: en Chile, medidas impulsadas desde el Ministerio del Trabajo consolidaron flujos de capital hacia las AFP, entre las que participan grupos estadounidenses y canadienses.

La incorporación de mano de obra femenina al empleo —que aumentó en la pospandemia (según CEPAL, +1,9 puntos)— se concentró mayormente en el sector servicios, incluso dentro de actividades productivas como la minería, y con salarios miserables. La falta de empleo de calidad empuja a las mujeres hacia la pobreza y la informalidad, mientras crece la carga de tiempo dedicada al trabajo doméstico.

Al mismo tiempo, las tasas de feminicidios no se han frenado: informes de organismos internacionales registran que en América Latina y el Caribe se contabilizan, en promedio, decenas de muertes violentas de mujeres cada semana. Si a eso sumamos la privación de derechos sociales básicos, el acoso laboral, la explotación sexual y los niveles de explotación en los lugares de trabajo, se vuelve evidente que la violencia principal es estructural y está anclada en el orden social capitalista.

De la ilusión a la realidad

Los gobiernos progresistas, que sembraron grandes expectativas en algunas corrientes feministas, condujeron a su cooptación por la institucionalidad, y la cuestión femenina quedó relegada cuando chocó con necesidades materiales que entran en contradicción con el capitalismo. Si no hay ruptura revolucionaria con ese sistema, todo avance será parcial y transitorio: quedamos expuestas a la orientación ideológica de quien gobierne.

Por esa misma falta de ruptura con la matriz capitalista, esos gobiernos terminaron garantizando intereses de la gran burguesía y del imperialismo: atracción de inversión extranjera para la explotación intensiva de recursos, legislación favorable a los patrones, flexibilización laboral en todas sus modalidades, precarización de la vida y recortes sociales. Bajo una fachada “de izquierda”, aseguran el modelo de explotación; y para hacerlo se apoyan incluso en mujeres que gobiernan contra la mujer trabajadora.

En consecuencia, nuestras demandas deben integrarse a la lucha general de la clase trabajadora contra los explotadores. No basta con declararse a favor de los derechos de las mujeres: hay que ir a la raíz, acabar con la explotación y la opresión que impone el capitalismo. Para ello, es imprescindible levantar las banderas de la revolución socialista.

Por eso debemos dar una batalla ideológica para ganar a las mujeres trabajadoras a una perspectiva revolucionaria. Como hicieron las trabajadoras rusas hace más de un siglo, unir a todas y todos los explotados para conquistar una vida plena para cada mujer.