De la democracia burguesa a la dictadura bonapartista
Partido de la Clase Trabajadora
Serie de análisis sobre el carácter de clase, el régimen y sus contradicciones
Comprender qué ocurre hoy en El Salvador exige ir más allá de las apariencias, de la propaganda oficial y también de las explicaciones que reducen el fenómeno político a la personalidad de Nayib Bukele. El bukelismo no surgió de la nada ni puede explicarse únicamente por la voluntad de un individuo. Es producto de procesos históricos, económicos y sociales: el agotamiento del régimen político surgido de los Acuerdos de Paz, la crisis del bipartidismo ARENA-FMLN, las contradicciones del capitalismo dependiente salvadoreño, la ausencia de una alternativa política independiente de la clase trabajadora y una profunda crisis de representación que abrió espacio para el surgimiento de un nuevo caudillismo.
Presentamos “El Salvador bajo el bukelismo”, una serie de análisis sobre el carácter de clase, el régimen y sus contradicciones, desde el Partido de la Clase Trabajadora, Sección Salvadoreña de la Corriente Obrera Revolucionaria Internacional – Cuarta Internacional (CORI-CI) iniciamos ésta serie de artículos destinada a analizar este proceso desde una perspectiva marxista y de clase.
Nos proponemos discutir qué intereses sociales y económicos representa el gobierno, cómo se ha transformado el régimen político desde 2019, cuáles son las bases materiales de su amplio respaldo popular, qué papel desempeñan la represión y el estado de excepción, cuáles son sus relaciones con las distintas fracciones de la burguesía y el imperialismo, y qué contradicciones económicas, sociales y políticas atraviesan al proyecto bukelista.
Nuestra caracterización parte de una tesis: El Salvador ha transitado de una democracia burguesa con rasgos bonapartistas hacia una dictadura bonapartista con apoyo de masas, mediante un proceso de creciente concentración del poder Ejecutivo, subordinación de los demás poderes del Estado, institucionalización del estado de excepción, militarización y persecución político-social.
Pero caracterizar el régimen no significa simplemente colocarle una etiqueta. Significa comprender cómo funciona, qué intereses de clase protege, por qué mantiene todavía un importante apoyo entre amplios sectores de la población, dónde se encuentran sus contradicciones y cuáles son las fuerzas sociales capaces de enfrentarlo.
Esta serie pretende contribuir a ese debate. No para añorar el retorno al viejo régimen de ARENA y el FMLN, ni para sustituir una fracción de la burguesía por otra, sino para analizar la realidad desde los intereses históricos de quienes producen la riqueza del país: la clase trabajadora y los sectores populares.
Porque comprender el bukelismo es necesario. Pero comprenderlo tiene un propósito mayor: encontrar los caminos para que la clase trabajadora recupere su organización, su independencia política y su capacidad de convertirse en protagonista de una alternativa propia para El Salvador.
ENTREGA 01
Una de las discusiones más importantes para la izquierda salvadoreña hoy, no consiste simplemente en determinar si el gobierno de Nayib Bukele es democrático o autoritario. La pregunta que debe formularse con mayor precisión es: ¿qué tipo de régimen político existe actualmente en El Salvador, qué intereses de clase protege y mediante qué mecanismos ejerce el poder?
No se trata de una discusión terminológica o meramente académica. Caracterizar correctamente un régimen tiene consecuencias profundamente políticas. De esa caracterización dependen las formas de organización, las consignas, las alianzas, los métodos de lucha y las medidas necesarias para proteger a quienes enfrentan al poder.
Nuestra tesis es clara: El Salvador ha recorrido desde 2019 un proceso que transitó de una democracia burguesa con crecientes rasgos bonapartistas hacia una dictadura bonapartista con apoyo de masas. No ocurrió mediante un golpe militar tradicional ni mediante la eliminación inmediata de las elecciones. Fue un proceso progresivo de concentración del poder que utilizó las propias instituciones existentes para ir vaciándolas de contenido democrático.
Estado, régimen y gobierno no son lo mismo
Para comprender esta caracterización debemos comenzar distinguiendo tres conceptos que frecuentemente se utilizan como sinónimos: Estado, régimen político y gobierno. Según Nahuel Moreno “el estado es qué gobierna, qué clase social tiene el poder. El régimen es cómo gobierna esa clase en un período dado, a través de qué instituciones, articuladas de qué forma- El gobierno es quién ejerce el poder en un régimen dado; qué personas, grupos de personas, o partidos, son la cabeza, los que toman las decisiones en las instituciones del régimen y del estado” (REVOLUCIONES DEL SIGLO XX, Nahuel Moreno).
Partimos del análisis marxista, en el cual la lucha de clases es el motor de la historia, y en el que existen dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado. Desde esa perspectiva, el Estado asume el carácter de la clase que se beneficia y dirige, por lo tanto, el Estado salvadoreño continúa siendo un Estado burgués. Su función fundamental sigue siendo garantizar las condiciones generales de reproducción del capitalismo y de la propiedad privada de los medios de producción. La llegada de Bukele no modificó ese carácter de clase. Cambió el gobierno y posteriormente se produjo una transformación cualitativa del régimen político.
El propio desarrollo económico del bukelismo confirma esa continuidad: el discurso contra las élites no significó una ruptura con el capitalismo. El régimen ha convivido con grandes empresarios, capital transnacional, organismos financieros internacionales y nuevas fracciones empresariales beneficiadas por su política económica.
Por eso es necesario distinguir y precisar esta realidad, el gobierno de Bukele representa una continuidad de clase y ruptura de régimen: el Estado continúa siendo burgués, pero la forma mediante la cual se ejerce políticamente esa dominación ha cambiado profundamente.
¿Qué significa bonapartismo?
Este concepto no fue inventado para describir a Bukele. Marx desarrolló la categoría de bonapartismo en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, estudiando el proceso mediante el cual Luis Bonaparte concentró el poder político alrededor del Ejecutivo y se presentó como representante de la nación situado aparentemente por encima de los conflictos entre las clases.
Posteriormente Trotsky desarrolló esta categoría para analizar situaciones en las cuales las formas parlamentarias tradicionales entran en crisis y el Ejecutivo adquiere una autonomía relativa, apoyándose crecientemente en el aparato estatal y presentándose como árbitro de la sociedad. El punto fundamental es que esa aparente independencia no elimina el carácter de clase del Estado.
El Bonaparte parece elevarse por encima de empresarios, trabajadores, partidos e instituciones, mientras finalmente garantiza las condiciones fundamentales para la reproducción del orden capitalista. Y por lo tanto para la apropiación de la riqueza de la burguesía. Esta categoría resulta particularmente útil para comprender el fenómeno salvadoreño.
2019: un Bonaparte con enorme legitimidad electoral
Bukele llegó a la presidencia en 2019 después del agotamiento político del bipartidismo que había dominado El Salvador desde los Acuerdos de Paz.
ARENA había administrado durante décadas las políticas neoliberales y los intereses tradicionales de la burguesía salvadoreña. Los dos gobiernos del FMLN tampoco transformaron las estructuras económicas fundamentales ni resolvieron las necesidades que habían llevado a millones de trabajadores y sectores populares a depositar sus expectativas en esa organización. Varios de sus dirigentes incluso pasaron a formar parte de una nueva burguesía que se benefició del control del estado por lo que ninguna medida afectó los intereses de la clase explotadora. Ese fracaso produjo un enorme vacío político. Bukele lo ocupó.
Se presentó como alguien ajeno al sistema político tradicional, utilizó un discurso contra los partidos y las élites y construyó una relación directa con amplios sectores de la población mediante las redes sociales. Su fuerza inicial no provenía fundamentalmente de la represión. Provenía del apoyo popular.
Ese elemento es indispensable para comprender el fenómeno. El bukelismo no puede explicarse simplemente como la imposición de un individuo autoritario sobre una sociedad pasiva. Surgió también de una profunda crisis de representación de los partidos tradicionales, y de la profunda crisis de dirección revolucionaria, ARENA aplicó un profundo programa de ajuste neoliberal, que desarticuló la organización popular y la dirigencia traidora del FMLN, desmontó la fuerza revolucionaria del pueblo trabajador sistemáticamente desde 1983, con el cambio de programa de la revolución salvadoreña. Ese fue el terreno en donde floreció Bukele.
El 9F fue una advertencia
El 9 de febrero de 2020, mostró tempranamente hacia dónde podía dirigirse el régimen. Bukele ingresó acompañado de militares armados a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo destinado a seguridad.
Todavía existían contrapesos institucionales, todavía el Ejecutivo no controlaba completamente la Asamblea. Pero apareció con claridad un elemento nuevo: la utilización directa del aparato militar como instrumento de presión política sobre otro poder del Estado.
Por eso el 9F no debe interpretarse únicamente como una extravagancia autoritaria de Bukele. Fue una manifestación temprana de la tendencia bonapartista hacia la concentración del poder alrededor del Ejecutivo.
2021: el salto cualitativo
El verdadero punto de inflexión llegó con las elecciones legislativas de febrero de 2021. Nuevas Ideas obtuvo una mayoría extraordinaria en la Asamblea Legislativa. Desde ese momento desapareció uno de los principales obstáculos institucionales que todavía limitaban al Ejecutivo. La nueva Asamblea destituyó en mayo de 2021 a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General y los sustituyó por funcionarios afines al oficialismo. Posteriormente, la nueva Sala abrió el camino para permitir la reelección presidencial.
La transformación fue profunda.
Antes existía un Ejecutivo con tendencias bonapartistas obligado todavía a convivir con instituciones parcialmente independientes. Después de 2021 comienza a construirse otra situación: el Ejecutivo deja progresivamente de arbitrar entre poderes y comienza a subordinarlos. Aquí encontramos el salto cualitativo entre las dos etapas.
Marzo de 2022: la excepción convertida en sistema
El siguiente momento decisivo llegó en marzo de 2022. Después de una ola de 87 asesinatos en 72 horas, la Asamblea Legislativa aprobó el estado de excepción. La reducción posterior de los homicidios constituye un hecho real y es indispensable reconocerlo para comprender la enorme popularidad del gobierno.
Durante décadas, amplios sectores de trabajadores y comunidades populares vivieron bajo extorsiones, asesinatos, control territorial y amenazas de las pandillas. Para millones de personas, la recuperación de la posibilidad de circular por determinadas comunidades y vivir sin aquel nivel de violencia significó un cambio material en su vida cotidiana. Negar esa realidad impediría comprender al bukelismo.
Pero otro proceso ocurrió simultáneamente. El estado de excepción suspendió garantías fundamentales y abrió las puertas a detenciones masivas, prolongación de la prisión sin garantías procesales y juicios colectivos. Actualmente se contabilizan más de 90.000 detenciones bajo este régimen. La cuestión política fundamental es sencilla: cuando una excepción se prolonga durante años, deja de ser excepcional y comienza a formar parte del funcionamiento normal del régimen.
De las pandillas hacia la disidencia social y política.
Aquí aparece otra transformación fundamental. El aparato represivo construido y legitimado socialmente para enfrentar a las pandillas comenzó también a utilizarse contra sectores que nada tenían que ver con ellas: Sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes comunitarios, activistas sociales.
El problema deja entonces de ser exclusivamente el de los abusos cometidos durante una política de seguridad. Comienza a configurarse un mecanismo político de disciplinamiento social.
Existen decenas de casos concretos de persecución sindical, defensores encarcelados, periodistas vigilados y organizaciones obligadas a reducir sus actividades o abandonar el país. Ese proceso resulta particularmente importante para la clase trabajadora.
Un aparato excepcional que hoy puede utilizarse contra un supuesto pandillero puede mañana utilizarse contra quien organiza un sindicato, dirige una huelga, denuncia un despido colectivo o enfrenta intereses empresariales, organiza una expresión política clasista.
2025: la dictadura busca institucionalizarse
Las reformas constitucionales aprobadas el 31 de julio de 2025 representan otro punto fundamental. La eliminación de la segunda vuelta presidencial, la ampliación del período presidencial, la sincronización de las elecciones y, sobre todo, la reelección presidencial indefinida no son acontecimientos aislados. Consolidan jurídicamente una transformación política que venía desarrollándose desde años anteriores. Por eso sería equivocado imaginar la dictadura únicamente como tanques ocupando las calles, un Parlamento cerrado y elecciones abolidas.
Las formas contemporáneas de dominación autoritaria pueden conservar elecciones, partidos e instituciones formales mientras eliminan progresivamente las condiciones que permiten que esas instituciones funcionen como contrapesos reales.
La existencia de elecciones, por sí sola, no demuestra la existencia de democracia. Entonces: ¿por qué hablar de dictadura bonapartista?
No porque Bukele sea simplemente autoritario. No porque tenga una personalidad caudillista. Ni siquiera porque concentre muchísimo poder.
La caracterización surge de la combinación de diferentes elementos que funcionan conjuntamente. La Dictadura Bonapartista se sostiene bajo siete pilares fundamentales:
- Concentración extrema del poder ejecutivo;
- Subordinación de los poderes del Estado;
- Estado de excepción prolongado e institucionalizado;
- Militarización creciente de la seguridad pública;
- Persecución político-social selectiva;
- Propaganda permanente y culto a la personalidad;
- Debilitamiento de la oposición independiente.
Uno solo de estos elementos no bastaría necesariamente para caracterizar una dictadura. La clave es su articulación como sistema. El Ejecutivo concentra el poder; las instituciones que deberían controlarlo han sido subordinadas; la excepcionalidad jurídica se normaliza; el aparato represivo adquiere capacidades extraordinarias; disminuyen los espacios para la organización independiente y todo el sistema se articula alrededor de un caudillo que mantiene una relación directa con amplios sectores de las masas. Eso es lo que denominamos dictadura bonapartista. Una dictadura con apoyo de masas
Aquí encontramos probablemente la mayor dificultad para comprender el fenómeno: ¿Cómo puede existir una dictadura si Bukele conserva un enorme apoyo popular?. La contradicción es solamente aparente. Una dictadura no necesita necesariamente gobernar contra la voluntad de toda la sociedad. Hitler, Musolinni y Franco en sus inicios fueron respaldados por las masas.
El régimen de Bukele combina dos elementos: coerción y consenso. Su apoyo social tiene bases materiales. La reducción de los homicidios transformó realmente la vida cotidiana de millones de salvadoreños. A ello se suma el profundo desprestigio de ARENA y el FMLN y la ausencia de una alternativa política de la clase trabajadora con influencia de masas.
Bukele obtuvo el 84,65 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2024 y a la luz de la categoría gramsciana de hegemonía afirmamos que el régimen no solamente domina mediante la coerción: también obtiene adhesión activa de importantes sectores sociales. Por eso caracterizamos al régimen más precisamente como una:
Dictadura bonapartista con apoyo de masas.
Comprender esto es políticamente decisivo. Si pensamos que millones apoyan a Bukele simplemente porque están engañados, nunca podremos disputar políticamente su conciencia. La izquierda revolucionaria debe partir de las contradicciones reales que esos trabajadores experimentan: la seguridad puede haber mejorado mientras el salario continúa siendo insuficiente, las pandillas pueden haber perdido el control territorial mientras los trabajadores continúan sometidos al poder patronal, puede existir mayor seguridad en una comunidad mientras disminuyen las libertades sindicales y democráticas. La conciencia política puede desarrollarse precisamente alrededor de esas contradicciones.
La dictadura no elimina las contradicciones de clase
La concentración del poder puede producir la imagen de un régimen invulnerable. No lo es. Existen contradicciones económicas, sociales y políticas: costo de vida, salarios rezagados, deuda pública, dependencia de las remesas, presiones de ajuste derivadas de los compromisos con el FMI, ausencia de perspectivas para sectores juveniles y una estructura política extraordinariamente dependiente de la figura personal de Bukele.
Pero ninguna contradicción económica produce automáticamente una alternativa política. Los regímenes no caen simplemente porque acumulen contradicciones.
La pregunta fundamental es qué fuerza social puede transformarlas en organización y acción política. Y ahí aparece el problema de la clase trabajadora.
Caracterizar para actuar
La discusión sobre si existe o no una dictadura podría parecer abstracta para un trabajador preocupado por llegar a fin de mes, conservar su empleo o alimentar a su familia. Pero no lo es.
Porque determinar qué régimen enfrentamos significa determinar bajo qué condiciones tendrá que luchar la clase trabajadora por salario, estabilidad laboral, organización sindical y derechos democráticos.
Si estamos frente a una democracia burguesa normal, determinadas formas de organización y lucha son posibles. Si estamos frente a una dictadura bonapartista que conserva apoyo de masas y utiliza selectivamente mecanismos represivos contra quienes cuestionan intereses fundamentales, las condiciones son diferentes.
Esto no significa abandonar la lucha. Tampoco significa sustituir el trabajo entre las masas por pequeños grupos aislados. Significa comprender que la defensa de las libertades democráticas y sindicales pasa a formar parte inseparable de la lucha económica y política de la clase trabajadora.
Es urgente reconocer entonces que la existencia de la dictadura obliga a reconsiderar las formas organizativas, la protección de los militantes y la relación entre actividad pública y preservación de la organización.
La pregunta que sigue. Caracterizar el régimen es solamente el primer paso. Decir “dictadura bonapartista” no resuelve el problema político. Abre otros mucho más difíciles:
- ¿Por qué pudo construirse este régimen?
- ¿Por qué conserva apoyo entre amplios sectores de trabajadores?
- ¿Qué intereses económicos representa?
- ¿Por qué fracasaron ARENA y el FMLN?
- ¿Qué papel desempeñaron el capitalismo dependiente, la migración y las pandillas en las condiciones que permitieron su surgimiento?
- ¿Dónde están las contradicciones capaces de erosionar su hegemonía?
- Y, fundamentalmente:
¿Cómo puede la clase trabajadora reconstruir una fuerza política independiente capaz no solamente de enfrentar al bukelismo, sino también de impedir que su eventual crisis termine simplemente en el regreso de alguna variante del viejo régimen burgués?
Responder esas preguntas exige ir más atrás. Antes de Bukele estuvieron la crisis del FMLN y ARENA, el neoliberalismo y los Acuerdos de Paz. Por eso, el próximo problema que debemos discutir es incómodo pero indispensable:
¿Qué significaron realmente los Acuerdos de Paz de 1992 para la clase trabajadora salvadoreña y cómo la derrota estratégica de la revolución abrió el camino para la ofensiva neoliberal que vino después?
