LA CRISIS DE UN PUEBLO NO PUEDE SER EL ESCENARIO PARA EXPORTAR EL MODELO BUKELE
PT – El Salvador
Mientras cuatro familias salvadoreñas esperan respuestas, Bukele amplía el despliegue militar en Haití. La historia de las intervenciones extranjeras demuestra que las tropas no han resuelto la crisis haitiana. El dinero de esta operación debe utilizarse para atender las necesidades del pueblo trabajador salvadoreño.
Hay cuatro familias salvadoreñas que siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Cuatro militares, técnicos de aviación de la misión internacional en Haití, fueron emboscados el domingo 18 de octubre de 2026 en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, cuando regresaban a su campamento. El vehículo en que viajaban fue atacado con armas y explosivos y terminó incendiado.
Desde entonces, su situación ha generado angustia e incertidumbre. Se han difundido versiones sobre posibles restos humanos, pero no existe una identificación concluyente que permita confirmar su destino. Las autoridades deben proporcionar información verificada y oportuna a sus familias y utilizar todos los recursos disponibles para encontrarlos. Nuestra solidaridad está con esas familias y con los trabajadores haitianos que llevan décadas sufriendo violencia, pobreza, desplazamiento y muerte.
Pero también debemos decir algo que el gobierno de Bukele pretende ocultar: los militares salvadoreños no tenían por qué estar expuestos a esta situación. Si el gobierno no hubiera ordenado su ingreso y despliegue en Haití, estos cuatro trabajadores uniformados no habrían quedado expuestos al riesgo concreto de secuestro y muerte que enfrentan hoy. La responsabilidad política por haberlos enviado corresponde a quienes tomaron esa decisión, no a quienes cumplen órdenes.
No hay contradicción entre exigir que se encuentre a los cuatro militares, defender a sus familias y exigir el retiro de las tropas salvadoreñas de Haití. Tampoco podemos confundir a los soldados, trabajadores uniformados expuestos a decisiones que no toman, con el gobierno que ordena las operaciones.
Haití: una historia de intervenciones que no resolvieron la crisis
Para comprender lo que ocurre actualmente es necesario mirar la historia haitiana. Haití no es un país que haya nacido de la dependencia o de la subordinación. Fue escenario de una de las revoluciones más importantes de la historia mundial: la revolución de los esclavos que derrotó al colonialismo francés y proclamó su independencia en 1804. La primera república negra independiente de América tuvo que enfrentar desde su nacimiento el aislamiento internacional, las amenazas de las potencias coloniales y el castigo económico. En 1825, Francia impuso a Haití una indemnización por su independencia, una deuda que hipotecó durante generaciones sus recursos y su desarrollo.
A esa subordinación histórica se sumaron la ocupación estadounidense de 1915 a 1934, las dictaduras, la intervención de las potencias extranjeras y la permanente injerencia sobre la vida política haitiana.
La intervención militar no es nueva. Ha cambiado de nombre, de bandera y de justificación, pero ha seguido siendo una constante. En 1994, después del golpe militar de 1991 contra Jean-Bertrand Aristide, una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos, con autorización del Consejo de Seguridad, ingresó en Haití con el argumento de restablecer el orden constitucional y permitir el retorno del presidente. Posteriormente se sucedieron distintas misiones internacionales: UNMIH, UNSMIH, UNTMIH y MIPONUH, entre 1994 y 2000, con diferentes mandatos de estabilización, apoyo institucional y formación policial.
En febrero de 2004, después de una nueva crisis política y de la salida de Aristide del país, se autorizó otra fuerza multinacional. El 1 de junio de ese año comenzó la MINUSTAH, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Esta misión, encabezada militarmente por Brasil, contó con la participación de numerosos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile y Uruguay. Permaneció hasta el 15 de octubre de 2017.
Después fue sustituida por MINUJUSTH, una misión de apoyo a la justicia y al fortalecimiento institucional, que concluyó en octubre de 2019.
El resultado de la intervención ha sido siempre el mismo: Haití no consiguió superar sus problemas estructurales. La pobreza, la debilidad institucional, la desigualdad y la violencia continuaron.
La MINUSTAH también quedó marcada por graves denuncias de violaciones de derechos humanos, abusos sexuales y la introducción del cólera en 2010, epidemia que provocó miles de muertes. La propia ONU reconoció posteriormente su responsabilidad en la epidemia. La historia de intevenciones Haitianas demuestra que no se puede construir una solución duradera imponiendo desde afuera el rumbo de un país.
De la misión internacional a una nueva fuerza militar
La crisis se agravó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. La fragmentación política, la ausencia de instituciones legítimas y el crecimiento de las organizaciones armadas profundizaron el deterioro de la situación. Las bandas extendieron su control territorial, multiplicaron los secuestros, las extorsiones y los ataques contra la población. Millones de haitianos quedaron expuestos a la violencia y al desplazamiento.
En 2023, el Consejo de Seguridad autorizó una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia, que comenzó a desplegarse en 2024. Su objetivo era apoyar a la Policía Nacional de Haití frente a las organizaciones armadas.
La insuficiencia de recursos, las dificultades de despliegue y los límites de aquella misión terminaron dando paso a una nueva estructura: la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad en 2025 y cuyo mandato fue renovado en septiembre de 2026 mediante la resolución 2829. La nueva fuerza tiene autorización para alcanzar hasta 5.550 efectivos y recibe apoyo logístico y operativo de la ONU. Pero hay una contradicción que debe señalarse: aunque la comunidad internacional vuelve a presentar la intervención como una solución de seguridad, Haití continúa sin contar con instituciones capaces de garantizar estabilidad, protección y derechos para su población.
La participación salvadoreña: de la asistencia técnica a la expansión militar
En marzo de 2024, Nayib Bukele aseguró que El Salvador podía contribuir a resolver la crisis haitiana. Planteó como condiciones una resolución del Consejo de Seguridad, el consentimiento del país anfitrión y que los gastos estuvieran cubiertos. El contingente salvadoreño fue presentado inicialmente como un grupo de técnicos y pilotos dedicado a evacuaciones médicas y asistencia, no a combatir directamente a las bandas. Pero después del ataque del 18 de octubre, el gobierno anunció una operación militar para localizar a los cuatro desaparecidos y comenzó a ampliar el despliegue.
Primero llegaron fuerzas especiales y posteriormente se anunció el envío de contingentes mucho mayores. Para finales de octubre, los reportes periodísticos situaban en más de 2.000 los militares salvadoreños desplegados en Haití. La dimensión del operativo ya no puede explicarse exclusivamente como una misión de búsqueda y rescate.
Bukele comenzó a amenazar a las organizaciones armadas haitianas, afirmando que podía aplicarles el mismo método utilizado en El Salvador. Su discurso pasó de la asistencia técnica a una retórica de ofensiva militar. Aquí nace una pregunta, ya que bajo el mando de qué autoridad actúan esas tropas. La ONU ha aclarado que la mayoría del personal salvadoreño desplegado no está operando bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas.
No significa que la ONU haya desconocido jurídicamente a las Fuerzas Armadas de El Salvador. Significa que no debe presentarse automáticamente a todo el contingente salvadoreño como parte de la fuerza internacional ni como personal que opera bajo su cadena de mando.
Associated Press informó el 4 de noviembre que seguían existiendo interrogantes sobre el acuerdo con el gobierno haitiano, quién ejerce el mando sobre las tropas salvadoreñas, cuáles son sus reglas de enfrentamiento y cuánto tiempo permanecerán en el país. Un contingente militar que actúa en territorio extranjero debe tener una base jurídica clara, una cadena de mando identificable, reglas de actuación públicas y mecanismos de rendición de cuentas. No basta con que Nayib Bukele, a su acostumbrado estilo, anuncie una operación desde sus redes sociales.
Las denuncias de bombardeos y la responsabilidad sobre la población civil
A la preocupación por la expansión militar se sumaron denuncias de bombardeos y ataques contra zonas civiles haitianas. La Asociación de las Naciones Unidas-Haití (UNA-Haití) dirigió una comunicación al secretario general de la ONU denunciando supuestos ataques aéreos, utilización de helicópteros artillados y operaciones con armamento pesado en zonas pobladas de Croix-des-Bouquets, Canaan y Plaine du Cul-de-Sac. La organización pidió investigar las posibles muertes de civiles.
Bukele rechazó las acusaciones y sostuvo que los helicópteros de ataque salvadoreños habían llegado el 29 de octubre y que no habían realizado misiones de bombardeo. La Fuerza de Supresión de Pandillas también negó el uso de explosivos en sus operaciones. Al cierre de este artículo, las acusaciones específicas contra el contingente salvadoreño no habían sido verificadas independientemente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido, el 1 de mayo de 2026, sobre la muerte de civiles en operaciones de seguridad con drones en Haití. Según los datos verificados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre marzo de 2025 y enero de 2026 se registraron 5.519 personas asesinadas y 2.608 heridas.
De esas cifras, 3.497 personas fueron asesinadas y 1.742 heridas en el contexto de operaciones contra las bandas dirigidas por fuerzas de seguridad. La CIDH también informó de al menos 60 muertos y 49 heridos entre personas que, según los reportes, no pertenecían a organizaciones criminales, como consecuencia de operaciones con drones y fuego de helicópteros.
Human Rights Watch también documentó riesgos graves para la población civil por el uso de drones armados con explosivos en zonas urbanas. Estos datos demuestran que las operaciones militares y policiales en Haití ya han producido graves consecuencias para la población y que cualquier nueva fuerza debe estar sometida a controles estrictos.
Nuestra posición es clara: ninguna lucha contra las bandas puede justificar la muerte de civiles, los ataques indiscriminados ni las ejecuciones extrajudiciales. Exigimos una investigación independiente de todas las denuncias, incluyendo las que involucran al contingente salvadoreño.
El dinero de esta operación debe quedarse en El Salvador
Hay un tema del que Nayib Bukele no habla, y es el costo de ésta aventura militar. En un mensaje dirigido a la población haitiana, el presidente aseguró que El Salvador cubre el 90 % de los gastos de la operación con sus propios recursos y que nadie le paga por hacerlo.
Pero no ha presentado públicamente un desglose completo que permita conocer el costo real, los recursos destinados a transporte, combustible, mantenimiento, alimentación, armamento, equipos y personal, ni el compromiso presupuestario total. Est´’o es particularmente grave en un país donde miles de familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
El Salvador tiene hospitales que necesitan recursos, escuelas con carencias, trabajadores con salarios insuficientes, miles de despedidos del estado que esperan su indeminización, comunidades sin servicios adecuados y una población que enfrenta el encarecimiento de la vida. Mientras tanto, el gobierno encuentra recursos para enviar contingentes militares al extranjero. Es necesario responder entonces, el por qué ese dinero no se utiliza para resolver los problemas de los salvadoreños, en lugar de invadir un país con el cual no tenemos ningún conflicto. No aceptamos que se utilicen los recursos públicos para financiar una operación militar que no responde a las necesidades del pueblo trabajador salvadoreño.
En ese sentido exigimos que se publique el costo total del despliegue, que se rinda cuentas sobre cada dólar y que los recursos destinados a esta intervención se reorienten hacia salud, educación, vivienda, empleo, salarios, indemnizaciones pendentes y atención social. ¡Ese dinero debe invertirse en El Salvador, no en una operación militar en Haití!
No se puede exportar el modelo Bukele como solución para Haití
La invasión militar salvadoreña a Haití también debe entenderse dentro de la política de proyección internacional del gobierno y sus sueños de expansión, Bukele ha convertido el régimen de excepción, las detenciones masivas y el CECOT en una vitrina política para gobiernos que buscan reproducir su modelo de seguridad.
Pero Haití no es El Salvador. Las condiciones históricas, sociales, institucionales y territoriales son profundamente diferentes. La debilidad del Estado haitiano, el control territorial de las bandas y la fragmentación política no se resuelven trasladando tropas, construyendo megacárceles ni aplicando detenciones masivas. El propio gobierno salvadoreño ha reconocido que el problema de las pandillas en El Salvador no está completamente eliminado.
Pretender que la experiencia salvadoreña puede exportarse como una fórmula universal es una operación propagandística que oculta las contradicciones del propio régimen salvadoreño. En El Salvador, el régimen de excepción ha permitido detenciones masivas, suspensiones de garantías y graves denuncias de violaciones de derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado muertes bajo custodia estatal, detenciones arbitrarias y afectaciones a personas inocentes. Un gobierno que restringe la organización sindical y las libertades democráticas dentro de sus fronteras no puede presentarse como portador de una solución democrática para otro pueblo. La seguridad no puede separarse de los derechos sociales y políticos.
Los soldados salvadoreños no son responsables de la decisión de enviarlos, queremos insistir en algo que no debe perderse en medio de la discusión política. Los cuatro técnicos desaparecidos son trabajadores uniformados. Sus familias merecen respuestas, respeto y acompañamiento. No son responsables de la política exterior del gobierno ni de las decisiones de sus mandos. Sin embargo tampoco debemos utilizar su situación para justificar una escalada militar. Si Nayib Bukele no hubiera ordenado el ingreso y despliegue de personal salvadoreño en Haití, estos cuatro militares no habrían estado en ese territorio ni habrían quedado expuestos a la emboscada y al riesgo de secuestro que hoy enfrentan.
El gobierno tiene la obligación de buscarlos, informar a sus familias y garantizar asistencia a quienes resulten afectados. Pero también tiene la obligación de explicar por qué los envió, bajo qué mandato, con qué recursos y con qué objetivos. No aceptamos que el dolor de las familias se convierta en una justificación para ampliar una intervención militar.
La salida debe estar en manos del pueblo haitiano
Rechazar la intervención extranjera no significa justificar a las bandas armadas, minimizar sus crímenes ni exigir que la población permanezca indefensa. La población haitiana tiene derecho a vivir sin secuestros, asesinatos, extorsiones ni violencia sexual. Tiene derecho a la seguridad, a la alimentación, al trabajo y a decidir su propio futuro.
Pero una solución duradera no puede construirse mediante la imposición de gobiernos, el tutelaje extranjero o la expansión de operaciones militares sin control democrático. La salida debe apoyarse en la organización independiente de los trabajadores, los sectores populares, las organizaciones comunitarias y las fuerzas sociales haitianas. La crisis haitiana no se resuelve sustituyendo una fuerza extranjera por otra. Se necesita una transformación política y social que permita al pueblo haitiano recuperar el control de su país.
Nuestra posición y nuestras exigencias
Frente a estos acontecimientos, desde el PT-El Salvador planteamos:
Primero. Exigimos información verificada, inmediata y completa sobre el paradero de los cuatro militares salvadoreños. El Estado debe proporcionar a sus familias toda la información disponible y utilizar todos los recursos necesarios para encontrarlos.
Segundo. Exigimos el retiro de las tropas salvadoreñas de Haití. No aceptamos que nuestro país se convierta en un instrumento de intervención militar ni en exportador de un modelo represivo.
Tercero. Exigimos una investigación independiente sobre las denuncias de bombardeos, ataques y posibles muertes de civiles, así como la publicación de los acuerdos, mandos y reglas de actuación del contingente salvadoreño.
Cuarto. Exigimos transparencia sobre el costo total de la operación y que los recursos públicos destinados a ella se reorienten hacia las necesidades sociales de El Salvador: salud, educación, empleo, salarios, vivienda y servicios públicos.
Quinto. Defendemos la soberanía y autodeterminación de Haití, el derecho de su población a decidir su futuro y la organización independiente de sus trabajadores y sectores populares.
Sexto. Exigimos el fin del régimen de excepción en El Salvador, libertad para las personas inocentes detenidas y garantías para el ejercicio de las libertades democráticas y sindicales.
La seguridad de los pueblos no se construye exportando tropas, levantando megacárceles ni convirtiendo las tragedias humanas en propaganda presidencial. Se construye con trabajo digno, salarios suficientes, educación, salud, derechos democráticos y organización popular.
Los trabajadores salvadoreños no tenemos ningún interés en financiar una operación militar en Haití mientras nuestras propias necesidades permanecen desatendidas. Tampoco tenemos intereses contrapuestos con los trabajadores haitianos. Tenemos un enemigo común: la burguesía que genera la explotación, la miseria, la corrupción, la violencia y los gobiernos que colocan sus intereses por encima de los pueblos.
La solidaridad internacionalista no consiste en enviar soldados a otro país. Consiste en unir a los trabajadores de ambos pueblos para defender sus derechos y su autodeterminación.
¡FUERA LAS TROPAS SALVADOREÑAS DE HAITÍ!
¡QUE ESE DINERO SE UTILICE PARA SALUD, EDUCACIÓN, EMPLEO Y SALARIOS EN EL SALVADOR!
¡NO A LAS INTERVENCIONES MILITARES NI A LA EXPORTACIÓN DEL MODELO BUKELE!
¡VERDAD Y JUSTICIA PARA LAS FAMILIAS DE LOS CUATRO MILITARES!
¡POR LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO HAITIANO!
¡SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE LOS TRABAJADORES DE EL SALVADOR Y HAITÍ!
