(EL PST no tiene actualmente afiliación internacional. Los textos han sido tomados de la página https://pst.pe/)
Al escribir este artículo ya era evidente que la segunda vuelta electoral le favorecía a Keiko Fujimori. Los resultados, muy ajustados, con apenas 0.2% de diferencia en unos 20 millones de votos emitidos, reflejan una alta polarización del voto donde cada parte votó en contra de lo que vieron como la peor versión del adversario. En la votación dentro del territorio nacional predominó el voto anti Keiko, y son los votos de los peruanos en el exterior, donde no faltaron las sospechas de manipulación de las actas, los que terminaron inclinando la balanza a favor del fujimorismo, el peor escenario esperado por la mayoría de la población nacional.
Los resultados presidenciales se complementan con la elección de las cámaras de diputados y de senadores, donde el fujimorismo cuenta con 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores, y donde solo seis agrupaciones cuentan con representación en el Congreso. Al tener, con escaños propios, más de un tercio del senado, el fujimorismo está en condiciones de bloquear cualquier intento de vacancia y eso le brinda durabilidad durante el quinquenio, a diferencia de la volatilidad que caracterizó a los ocho gobiernos que le precedieron en los últimos diez años, en medio de una profunda crisis política.
Sin embargo, la relativa estabilidad que tendrá el gobierno fujimorista por su peso en el senado no será por sí misma garantía de ausencia de crisis política, pues el descontento social no desaparecerá por arte de magia y junto con eso hay una potencialmente fuerte oposición en Diputados, con capacidad de censurar ministros o destituir altas autoridades si así lo quisiese.
El gobierno que se viene
Ese es uno de los principales problemas que tratará de enfrentar el nuevo gobierno, y seguramente aplicará su “experiencia” en promover el transfuguismo como en la época de la dictadura de Fujimori padre, y en la actualidad por la hija en el Congreso. También en promover las componendas y transacciones, económicas o políticas, para lograr la colaboración de bancadas enteras como ocurrió con la bancada de la “extremista” familia Cerrón.
No son pocos los que albergan la ilusión de que el fujimorismo reflexione sobre la monstruosidad de su política autoritaria y haga un gobierno democrático y de conciliación, que retroceda en el copamiento de las instituciones del Estado, en las leyes “pro crimen”, en las leyes de amnistía o impunidad de militares y policías culpables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, y que retroceda también en su propósito de restablecer la “justicia militar” para militares o policías hasta por delitos comunes, como los de Colcabamba y Manchay, o incluso en el blindaje a Dina Boluarte por los asesinatos de 2022 y 2023.
Posiblemente el mensaje de unidad nacional se dé, pero más como parte de una propaganda vacía o juego político para ganar algo de legitimidad y no convertirse, repentinamente, desde el mismo 28 de julio, en Dina Boluarte II.
Los hechos mencionados más arriba no describen a un gobierno que haga centro en la democracia sino a uno que se siente bajo amenaza y que se ha preparado para la confrontación, uno que espera que será repudiado y enfrentado por amplios sectores populares en todo el país, no solo por demandas de justicia que se les ha privado, y las demandas democráticas que se les ha negado, sino también por las condiciones económicas que golpean a importantes sectores sociales, producto de las desigualdades que genera el plan económico, como también de la acción de las extorsiones y el sicariato, y de nuevos desastres climáticos sin mitigación.
Keiko Fujimori brindará a cambio otras ilusiones, a juzgar por sus anuncios de la campaña electoral. Ya es sabido que ella cree que puede compensar los atropellos a los derechos democráticos con una larga lista de obras y otras promesas. Pero estas promesas, de muy dudosa realización, serán la zanahoria que camufle al garrote con el que tratarán de reprimir la movilización popular.
En el nefasto club de Donald Trump
Como otros gobiernos derechistas de la región, una de las prioridades del gobierno fujimorista será profundizar la política entreguista ante la estrategia hemisférica del gobierno norteamericano, con efectos fatales para el país. Un adelanto de esa política ya se ha visto en el descarado pago de 3,500 millones de dólares por la compra de aviones de guerra de fabricación estadounidense, sacrificando recursos de programas sociales como Beca 18 y recursos para prevención ante desastres.
Gracias al fujimorismo el Perú pasará a formar parte del “Escudo de las Américas”, el club de entreguistas formado por Donald Trump con gobiernos afines de Latinoamérica, asumiendo la complicidad en la política intervencionista contra la soberanía de los pueblos del continente, y los ataques genocidas como los que descarga el imperialismo en el medio oriente, junto con el gobierno sionista de Israel.
Sabemos que esa complicidad se traducirá en un costo para las masas trabajadoras, en la forma de imposición de compras como la de los aviones, o de inflación, o de expoliación de la riqueza nacional, y una mayor presencia militar en el país.
Los desafíos de las organizaciones obreras y populares
Las amenazas que plantea el gobierno fujimorista a las masas trabajadoras son evidentes. Frente a eso se hace necesario avanzar en la forja de la organización y la unidad, fortalecer la coordinación y la solidaridad de clase, como parte de una estrategia que incluya resolver los problemas de dirección general y política.
¿Quién es responsable?
Por Víctor Montes
Los resultados de la segunda vuelta, que dan virtualmente la victoria a Keiko Fujimori, requieren ser entendidos por la clase obrera consciente desde múltiples ángulos, pero principalmente, en su relación con la lucha de clases.
En ese sentido, el retorno del fujimorismo es producto de 26 años de frustraciones de las ilusiones que sembró un sector de la burguesía y la izquierda reformista en la democracia pactada tras la caída del dictador Alberto Fujimori.
En concreto, la democracia no resolvió los grandes problemas del país. No posibilitó la integración nacional y la mejora del conjunto de los pueblos que hacen parte del mismo. Y todo lo contrario, reprimió a quienes salieron a luchar por sus justas reivindicaciones, profundizó el saqueo y permitió el abuso de la patronal.
Y es que no podía resolver ninguno de estos problemas. Esa democracia solo puede defender los intereses de la clase capitalista del país, cuyo plan es someterse absolutamente a las órdenes del imperialismo a cambio de una porción de las ganancias obtenidas por sus negocios.
Este sometimiento se expresa nítidamente en la continuidad del plan económico neoliberal, que impuso La dictadura al amparo de las botas de los militares, y que no ha sido tocado durante 25 años de falsa democracia.
Continuidad de la discriminación y marginación
Es justo por eso que tampoco podía integrar a los pueblos del interior al disfrute de las ganancias obtenidas bajo el modelo, pues éste significa saqueo y súper explotación.
Así, una y otra vez, sea bajo gobiernos «de izquierda» o «de derecha», los pueblos tuvieron que enfrentar el intento de imponerles proyectos mineros y la venta de sus territorios sin respetar sus voluntades.
En ese marco, y con el pasar del tiempo, junto al saqueo de las grandes empresas ha proliferado la economía informal e ilegal, hija legítima del mismo modelo, ha iniciado un proceso de degradación de las relaciones económicas y sociales cuya máxima expresión es el crecimiento y desborde de la criminalidad en diversos puntos del país. Criminalidad que se hace carne fundamentalmente sobre los sectores pobres y trabajadores.
Los esfuerzos de la burguesía
A lo largo de estos 25 años La burguesía ha intentado en distintos momentos tomar control de la situación. Tuvieron una primera victoria con Alan García. Sin embargo la lucha popular, que tuvo sus máximos esfuerzos en Moquegua el 2008 y en el baguazo el 2009, impidieron que el plan de profundización del saqueo pase adelante.
Otro tanto intentaron con PPK. Pero el estallido del escándalo lava jato y el destape de diversos hechos de corrupción (cuellos blancos), abrieron un proceso de inestabilización crónica y casi terminal de los cimientos del régimen pactado tras la caída de fujimori. Inició así el ciclo de cambios presidenciales que han continuado hasta la actualidad.
Ciclo que se agudizó con la llegada de desarrollo de la pandemia de covid19.
En ese contexto la reacción levantó cabeza e intentó imponer un gobierno a su medida, el de Manuel Merino. Pero una acción de masas con carácter democrático llevó a la caída casi inmediata del gobierno, profundizando la crisis del régimen, abriendo camino a la victoria de la huelga de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y colocando en el gobierno a Pedro Castillo como subproducto de ese proceso.
En ese marco la patronal definió utilizar todos sus medios para cerrar esa coyuntura de crisis y aprovechó la torpe acción del 7 de diciembre por parte de Pedro Castillo para pasar a la contraofensiva.
Así, con una sangrienta represión, y la traición de las dirigencias nacionales que impusieron la división de la lucha contra Boluarte cuando era posible echarla abajo, el gobierno impuso la primera derrota importante al movimiento de masas en el terreno de la lucha de clases, ganando un sector de los sectores medios urbanos y de los sectores populares de las principales ciudades, a ubicarse contra lo que la patronal motejó de «proyectos comunistas», cuando no directamente de terroristas.
El 2026
Así llegamos a esta elección en donde la fragmentación de las candidaturas volvió a expresar la crisis del régimen, pero en un marco en donde la frustración de las ilusiones democráticas, más la derrota del 2022-2023, allanó el camino para que las candidaturas hacia la derecha ganen un peso que no habían tenido en las elecciones previas. Y la máxima representante de ese sector era y es sin duda Keiko Fujimori y el fujimorismo.
Superar la falsa democracia
Por eso afirmamos que este resultado, si bien expresa en primer lugar la continuidad de la crisis del régimen, lo hace sobre la base de la derrota infringida en el interior durante 2022-2023, y de la desmoralización de la clase trabajadora y el pueblo tras la experiencia con Castillo. Hecho que ha llevado a algunos sectores populares a buscar alternativas electorales más acordes al modelo económico neoliberal.
De ahí que la principal conclusión que debe sacar la vanguardia consciente de la clase obrera, respecto de las razones por las cuales Keiko Fujimori ha ganado estás elecciones, es que necesitamos retomar la lucha organizada y unitaria, contra los ataques que se librarán desde ahora mismo, y en ese camino, construir una dirección capaz de llevar la lucha más allá de esta falsa democracia, que es incapaz de dar solución a los problemas más sentidos y urgentes del pueblo trabajador.
