El 28 de septiembre se conmemora el día de lucha por la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. La elección de esta fecha no fue azarosa: tiene su origen en la conmemoración del día en que, en 1871, se otorgó la libertad de vientre en Brasil, es decir, que a partir de entonces los hijos de las esclavas serían libres. El derecho a decidir sobre la maternidad de las mujeres trabajadoras sigue siendo hoy una tarea pendiente y urgente.
Legal en unos países, delito en otros
Producto de la lucha de décadas de las mujeres por sus derechos en América Latina y el Caribe, hoy son siete los países en los que se ha conquistado el aborto legal a solicitud: Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Cuba, Guyana Francesa y Puerto Rico. En otros doce el aborto es legal bajo causales, es decir, cuando el embarazo es producto de una violación, pone en riesgo la vida de la mujer o presenta malformaciones. Aún quedan siete países en los que el aborto está completamente prohibido y penalizado: El Salvador, Honduras, Surinam, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Jamaica.
Aún en los países donde el aborto se ha despenalizado y convertido en legal, esta conquista corre riesgo permanente por dos vías: por un lado, porque sigue existiendo presión permanente de los sectores que se autodenominan provida para que se retroceda ese derecho, sumada al signo político conservador de muchos de los presidentes de turno; por el otro, por los ataques a la salud pública producto de la crisis económica mundial, que hacen que en algunos casos, aunque el derecho esté en los papeles, sea muy difícil hacer uso de él.
El costo de la clandestinidad
En los países donde el aborto sigue siendo penalizado —dos de ellos con dictaduras, como El Salvador y Nicaragua— el riesgo que corren las mujeres por abortos clandestinos es muy alto: ya sea por las consecuencias de la mala praxis, ya sea por la penalización judicial, que puede significar la cárcel. Y ese riesgo tampoco es igual para todas: las mujeres con recursos acceden a procedimientos seguros —muchas veces viajando a otro país o pagando una clínica privada—, mientras que las trabajadoras y pobres son las que terminan en manos de curanderas, con métodos caseros o en la clandestinidad más peligrosa. Los números confirman la gravedad de este riesgo: solo en 2008, el 12% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe —unas 1.100 mujeres— se debieron a abortos inseguros, y cerca de un millón de mujeres de la región son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de esos procedimientos. Costa Rica es un ejemplo claro de esto: aunque el aborto voluntario sigue penalizado allí, se estima que se practican 27.000 abortos clandestinos al año —la penalización no impide que las mujeres aborten, solo las obliga a hacerlo en la clandestinidad—. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que los abortos inseguros provocan unas 39.000 muertes al año, y que en los países donde el aborto está más restringido solo uno de cada cuatro procedimientos es seguro, frente a nueve de cada diez donde el aborto es legal.
Dentro de esta situación las niñas y adolescentes son cada vez más vulnerables. Según datos de la OMS, el 55% de los embarazos no deseados en adolescentes de entre 15 y 19 años terminan en abortos. Esto representa 3 millones de abortos inseguros que suelen poner en riesgo a las niñas y adolescentes, sobre todo en contextos donde las leyes son restrictivas, por lo que las complicaciones del embarazo y el parto son la
principal causa de mortalidad para este rango de edad a nivel global. Dado que penalizar el aborto no disminuye su práctica, sino que empuja a las mujeres a realizarlo en condiciones clandestinas, insalubres e inseguras, legalizarlo para que pueda realizarse de forma gratuita y segura en hospitales estatales, junto a una educación sexual laica, integral y científica, es un derecho fundamental para proteger a niñas y adolescentes que, en la mayoría de los casos, son obligadas a ser madres en contextos derivados de violencia sexual.
Todo esto sostiene que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, realizado en hospitales estatales, sigue siendo una tarea presente.
La otra cara: el derecho a ser madres en condiciones dignas
Sin embargo, el derecho a decidir de las mujeres trabajadoras no solo se ve violentado si queremos decidir no tener hijos, sino también si queremos decidir tenerlos. La baja de la tasa de natalidad apareció en los últimos años como una preocupación mundial, pues plantea la posibilidad de un envejecimiento progresivo de la población. Y en ese discurso, la respuesta de los gobiernos —sean de derecha abiertamente reaccionaria o de centro-derecha «moderado»— es la misma: culpar al aborto legal en lugar de garantizar condiciones dignas para maternar.
El presidente argentino Milei, por ejemplo, ha declarado que la culpa de la baja natalidad en Argentina era de la ley de interrupción voluntaria del embarazo conquistada en 2020 —una relación sin sustento científico, ya que la natalidad cae en el país desde 2014, seis años antes de la ley—. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni fue más allá del discurso: financia el ingreso de organizaciones «provida» a los consultorios de salud reproductiva para disuadir a las mujeres de abortar, y les ofrece a cambio un subsidio por 5 años, mientras Italia mantiene una de las natalidades más bajas de Europa sin resolver la precariedad laboral ni el costo del cuidado infantil que empuja esa caída.
En Argentina, el ajuste de Milei sobre las políticas de cuidado es contundente: de las cincuenta políticas de cuidado vigentes hasta 2023, solo cuatro se sostienen hoy; el programa de jardines de infantes sufrió recortes de más del 50% —con partidas que en algunos períodos llegaron a ejecución cero—, y el Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente perdió el 78% de su presupuesto. En Estados Unidos, la privatización avanzó por otra vía: un informe de 2024 reveló que ocho de las diez cadenas de guarderías más grandes del país ya están en manos de fondos de inversión, que presionan a los centros para priorizar la ocupación y la rentabilidad por sobre la calidad del cuidado. En Costa Rica, el gobierno de Laura Fernández —continuidad del de Rodrigo Chaves— recorta los centros de cuidado infantil (CEN-CINAI), los comedores escolares y la educación pública, mientras impulsa jornadas laborales de 12 horas y ataca la norma técnica del aborto terapéutico; que el gobierno esté encabezado por una mujer no cambia nada, la representación no garantiza derechos si la política de fondo sigue siendo la del ajuste. No es un fenómeno exclusivo de los gobiernos de derecha ni de un solo continente: cuando el cuidado se retira como responsabilidad estatal o se entrega al mercado, la carga y el costo terminan cayendo sobre las mujeres trabajadoras.
La doble moral
Lo que muestran estos discursos pronatalistas es el grado de hipocresía y doble moral de los sectores de poder en todo el mundo: dicen que las mujeres debemos tener más hijos para garantizarse a quién explotar en el futuro, pero no garantizan las condiciones para que las mujeres trabajadoras y pobres podamos ejercer la maternidad de manera digna. A las mujeres burguesas nunca les faltó ni jardín privado ni niñera ni licencia paga: la exigencia de «más hijos» solo se les hace, en los hechos, a las que no tienen con qué sostenerlos. Y para peor, parte de las conquistas logradas en los últimos años en este sentido son atacadas producto de los
ajustes y de cómo se descarga la crisis mundial sobre las espaldas de los trabajadores en general y de las trabajadoras en particular.
Una encuesta reciente en Argentina —la Encuesta Nacional de Intenciones Reproductivas de UNFPA y Voices! (2026)— da un dato clave en este sentido: el 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones. Entre quienes tuvieron menos hijos de los que querían, las condiciones económicas y de cuidado explican el 62% de los casos: inseguridad laboral, dificultad para acceder a una vivienda y falta de opciones de cuidado de calidad para sus hijos.
Este no es un debate solamente con los gobiernos de ultraderecha. Por un lado, porque incluso representantes del progresismo que dicen apoyar el derecho al aborto no lo garantizan cuando gobiernan: Lula ha declarado públicamente que el aborto «debería ser una cuestión de salud pública», pero como presidente no impulsó su legalización, y Brasil sigue con una de las legislaciones más restrictivas de la región para no romper con la bancada evangélica que sostiene a su gobierno. Es la lógica de la conciliación de clases: se apoya el derecho en el discurso, pero se negocia en los hechos. Por otro lado, porque en los países donde, producto de luchas muy profundas de las mujeres, se conquistó ese derecho, tampoco fueron garantizadas las condiciones materiales para el ejercicio de la maternidad de las mujeres trabajadoras y pobres.
Es decir que nuestro derecho a decidir como mujeres trabajadoras tiene esa doble cuestión, y por lo tanto también la pelea que tenemos que continuar dando es doble: poder decidir abortar en forma legal, segura y gratuita, y también poder decidir maternar en condiciones dignas, tanto para la madre como para las infancias.
La única vez que un Estado dio las dos cosas juntas
Desde Cori creemos que es muy importante recordar la experiencia histórica más profunda en la cual el derecho a decidir sobre la maternidad fue abarcado en toda su dimensión: la revolución rusa. En sus primeros años tuvo una política consciente en ese doble sentido, y las dos cosas se dieron como parte de un mismo principio, no como opciones alternativas.
La protección a la maternidad llegó primero: el Código de Trabajo de 1918 prohibió el trabajo nocturno y las horas extra durante el embarazo y la lactancia, y garantizó pausas pagas para amamantar; el seguro de maternidad impulsado por Alexandra Kollontai estableció ocho semanas de licencia por maternidad totalmente pagas, atención médica gratuita antes y después del parto y subsidios en dinero, sostenidos por una red de policlínicas, casas cuna y hogares para madres e hijos. Kollontai lo resumió señalando que el gobierno soviético fue «el primer gobierno del mundo» en reconocer oficialmente la maternidad como una función social del Estado, y que la iniciativa de esa política «provino de las mismas obreras» — no fue una concesión desde arriba, sino una conquista.
El derecho al aborto llegó después, sobre esa misma base: el 18 de noviembre de 1920 se decretó su despenalización y se lo garantizó gratuito en los hospitales estatales, convirtiendo a la URSS en el primer país del mundo en legalizarlo. A mediados de esa década se sumó además la difusión de información sobre anticoncepción a través de centros ginecológicos.
Esa conquista, sin embargo, no fue irreversible: en 1936, ya bajo el estalinismo, se volvió a prohibir el aborto en la URSS. Trotski advirtió entonces que quienes pagarían esa prohibición serían las obreras y las campesinas, nunca las mujeres de las capas dirigentes, que siempre encuentran la manera de eludir la ley. Denunció también como hipócrita la idea de que la mujer no puede rechazar «las alegrías de la maternidad» cuando esa maternidad se le impone sin las condiciones materiales para vivirla dignamente. Es la misma advertencia que hacemos hoy frente a cualquier retroceso: lo que se conquista se puede perder, y lo pierden siempre las mismas.
Por qué peleamos
Desde nuestra perspectiva, la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras no es un problema solo de mujeres: debe ser parte del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Y la lucha por el derecho al aborto debe ir junto a la lucha por el derecho a ejercer la maternidad de quienes así lo desean: el derecho a decidir tiene que ser en ese doble sentido.
Por eso, este 28 de septiembre seguimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina y en todo el mundo; por la separación de la Iglesia y el Estado; por la educación sexual integral, laica y científica, y la provisión masiva y gratuita de anticonceptivos. Peleamos también por la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad, por jardines maternales en los barrios y los lugares de trabajo, por el acceso a la vivienda de las madres trabajadoras, por el aumento general de salarios e igual salario por igual trabajo, contra los despidos de embarazadas y madres, y por lavanderías, comedores públicos y demás servicios que socialicen de una vez las tareas domésticas que hoy recaen sobre nosotras en soledad.
Todo esto solo puede lograrse en el marco de un Estado que se organice en función de las necesidades de la mayoría de la población y no de la ganancia capitalista: un Estado obrero y un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Por eso invitamos al conjunto de las mujeres trabajadoras a organizarse y pelear por conseguir este objetivo, como un paso necesario para nuestra emancipación final.
