Partido de la Clase Trabajadora
(Entrega 4 de la serie de análisis sobre el carácter de clase, el régimen y sus contradicciones “El Salvador bajo eL Bukelismo”)
Para comprender el régimen construido por Nayib Bukele hay que comenzar por una contradicción fundamental: su enorme concentración de poder no puede explicarse únicamente por la represión ni por el debilitamiento de las instituciones democráticas. El bukelismo construyó una parte fundamental de su legitimidad respondiendo a un problema real que durante décadas condicionó la vida cotidiana de millones de salvadoreños: la violencia y el control territorial ejercido por las pandillas.
Extorsiones, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y fronteras invisibles fueron una realidad brutal para numerosas comunidades, colonias y barrios populares. La reducción de esa violencia y la recuperación del control territorial por parte del Estado produjeron cambios concretos en la vida de importantes sectores de la población. Negar esta realidad impediría comprender el fenómeno bukelista.
Pero reconocerla tampoco significa aceptar la explicación oficial. Las pandillas no cayeron del cielo, ni la concentración del poder comenzó repentinamente con el régimen de excepción. Ambos fenómenos tienen una historia. Comprenderla permite explicar una de las características centrales del proceso salvadoreño: cómo una demanda legítima de seguridad terminó proporcionando una poderosa base social y política para la construcción de un Estado cada vez más concentrado alrededor del Ejecutivo.
Las pandillas no cayeron del cielo
El surgimiento y desarrollo de las pandillas debe entenderse dentro de las profundas contradicciones económicas y sociales acumuladas durante décadas: Guerra, migración, deportaciones, pobreza, desigualdad, desempleo, precariedad laboral, descomposición comunitaria y , particularmente, ausencia de perspectivas para amplios sectores de la juventud.
La guerra civil produjo una enorme destrucción social y obligó a cientos de miles de salvadoreños a abandonar el país, principalmente hacia Estados Unidos. En barrios populares estadounidenses, una generación de jóvenes centroamericanos creció en condiciones de marginación, discriminación y violencia. En ese contexto se desarrollaron organizaciones como la Mara Salvatrucha y se incorporaron salvadoreños a estructuras como Barrio 18.
Posteriormente, las políticas estadounidenses de deportación trasladaron hacia El Salvador a miles de jóvenes, incluidos miembros de estas estructuras. Llegaron a un país que acababa de salir de una guerra y que tenía enormes desigualdades, instituciones débiles y una economía incapaz de ofrecer empleo y perspectivas a una parte importante de su juventud. Ese fue el terreno material sobre el cual las pandillas pudieron reproducirse.
Explicar esas causas no significa justificar sus crímenes. Significa comprender que fenómenos sociales de semejante magnitud no pueden explicarse simplemente atribuyéndolos a la maldad individual de quienes participan en ellos.
La posguerra no resolvió las causas sociales
Los Acuerdos de Paz terminaron el conflicto armado, pero no resolvieron las contradicciones estructurales de la sociedad salvadoreña. Los gobiernos de ARENA profundizaron el modelo neoliberal: Privatizaciones, apertura económica, precarización laboral y migración pasaron a formar parte de la realidad de la posguerra. Mientras determinados grupos económicos concentraban importantes recursos, enormes sectores populares sobrevivían mediante empleos precarios, trabajo informal o las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Para miles de jóvenes de las comunidades obreras y populares las alternativas eran extremadamente limitadas: empleos mal pagados, informalidad, migración o exclusión.
En ese contexto, las pandillas comenzaron a ocupar espacios donde el Estado y las instituciones sociales habían retrocedido. El capitalismo dependiente salvadoreño había contribuido a crear las condiciones de exclusión sobre las cuales posteriormente creció una de las mayores crisis de violencia de la historia reciente del país.
ARENA: represión sin resolver las causas
Los gobiernos de ARENA respondieron al crecimiento de las pandillas principalmente mediante políticas represivas. La Mano Dura y posteriormente la Súper Mano Dura presentaron el fenómeno fundamentalmente como un problema policial. Pero policías, soldados y cárceles no podían resolver por sí mismos las condiciones económicas y sociales que alimentaban la violencia. Las cárceles se llenaron, pero las pandillas continuaron desarrollándose y numerosas comunidades permanecieron sometidas a su control.
El problema que décadas de desigualdad y exclusión habían contribuido a producir pretendía resolverse exclusivamente mediante el aparato represivo del Estado. La estrategia no eliminó el fenómeno. Fracasó.
El FMLN tampoco rompió el ciclo
La llegada del FMLN al gobierno en 2009 despertó grandes expectativas entre sectores obreros y populares. Sin embargo, tampoco produjo una ruptura estructural con el modelo económico heredado.
La precariedad laboral, la dependencia de las remesas, la migración, la desigualdad y la falta de oportunidades para importantes sectores de la juventud continuaron formando parte de la realidad salvadoreña. En materia de seguridad, sus gobiernos combinaron diferentes políticas, incluyendo intentos de negociación y medidas represivas.
La llamada tregua entre pandillas terminó aumentando el descrédito de las instituciones y alimentando la percepción de que los partidos tradicionales eran incapaces de resolver la violencia.
Así, aunque ARENA y el FMLN llegaron al gobierno desde historias políticas completamente diferentes, ambos terminaron profundamente desgastados. El fracaso del sistema político surgido de los Acuerdos de Paz abrió el espacio para la irrupción de Bukele.
El agotamiento del viejo régimen
Bukele no apareció en un vacío. Su ascenso expresó también la crisis de representación acumulada durante décadas: ARENA había administrado y profundizado el capitalismo neoliberal y el FMLN había llegado posteriormente al gobierno prometiendo cambios, pero sin modificar las estructuras fundamentales del capitalismo salvadoreño. El desgaste de ambos partidos produjo un enorme vacío político.
Bukele logró presentarse como alguien situado fuera de ese sistema. Su discurso contra “los mismos de siempre” conectó con una población cansada de corrupción, violencia, pobreza y promesas incumplidas. Pero el desplazamiento de ARENA y del FMLN no significó la desaparición del capitalismo salvadoreño. Cambió la dirección política del Estado. No cambió la clase social sobre cuyas relaciones económicas continúa asentándose.
Bukele convirtió la seguridad en una fuente de legitimidad
La cuestión de las pandillas fue decisiva. Millones de salvadoreños estaban cansados de vivir bajo el miedo. El bukelismo convirtió la seguridad pública en uno de los pilares fundamentales de su relación política con la población. La recuperación del control territorial y la reducción de la presencia visible de las pandillas produjeron un cambio concreto en la vida cotidiana de importantes sectores populares.
Aquí se encuentra una de las claves para comprender la fortaleza del gobierno. El régimen no puede analizarse únicamente desde sus mecanismos represivos, también debe comprenderse la relación política que construyó con sectores importantes de las masas que percibieron cambios respecto al período anterior.
El discurso gubernamental convirtió esa experiencia en una narrativa mucho más amplia: antes existía caos; ahora existe orden, antes gobernaban los partidos tradicionales; ahora gobierna alguien que desafía a “los mismos de siempre”, antes el Estado parecía incapaz de controlar el territorio; ahora aparece como una fuerza extraordinariamente poderosa. Esta narrativa permitió asociar progresivamente dos ideas: seguridad y concentración del poder.
El 9 de febrero de 2020: una advertencia temprana
Sin embargo, la tendencia hacia la concentración del poder había aparecido antes del régimen de excepción. El 9 de febrero de 2020 se produjo uno de los episodios que anticiparon la dirección del proceso. Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado por militares y policías en medio del conflicto sobre la aprobación de un préstamo destinado a financiar su política de seguridad.
Más allá de la controversia concreta de aquel momento, la imagen tuvo un profundo significado político. El Ejecutivo mostraba su disposición a utilizar el peso del aparato armado del Estado en su confrontación con otro órgano estatal.
Todavía existían importantes contrapesos institucionales. Pero comenzaba a hacerse visible una tendencia: el Ejecutivo buscaba colocarse por encima de las instituciones tradicionales.
2021: cambia la correlación institucional
Las elecciones legislativas de 2021 modificaron profundamente la situación. La amplia mayoría obtenida por Nuevas Ideas proporcionó al bloque gubernamental el control de la Asamblea Legislativa. Desde allí avanzó rápidamente sobre otras instituciones. La nueva Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Se produjo entonces un cambio cualitativo.
El Ejecutivo dejó de enfrentarse con instituciones controladas por los partidos tradicionales y pasó a contar con instituciones cada vez más alineadas con el nuevo bloque gobernante. Asamblea Legislativa, Corte Suprema, Fiscalía, Corte de Cuentas, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras estructuras fundamentales del Estado dejaron progresivamente de funcionar como contrapesos efectivos. La concentración política avanzaba antes incluso de marzo de 2022.
Marzo de 2022: el salto cualitativo
La nueva ola de asesinatos de marzo de 2022 marcó otro punto de inflexión (cerca de 90 en un fin de semana). El gobierno respondió mediante la instauración del régimen de excepción, se suspendieron garantías constitucionales y comenzó una política de detenciones masivas. La ofensiva estatal golpeó profundamente las estructuras de las pandillas y transformó las condiciones de seguridad en numerosos territorios.
Pero simultáneamente produjo otro resultado: fortaleció extraordinariamente el aparato coercitivo del Estado y amplió las capacidades del Ejecutivo.
Aquí aparece una de las contradicciones centrales del proceso. Una política que respondió a una demanda real de seguridad de millones de personas se convirtió al mismo tiempo en un instrumento para profundizar la concentración del poder.
Cuando la excepción deja de ser excepcional
Por definición, una medida excepcional debería responder a circunstancias extraordinarias y tener carácter temporal. El problema cambia cuando la excepción se prolonga y comienza a convertirse en un método ordinario de gobierno. Entonces la relación entre Estado y ciudadanía también cambia. Garantías que deberían constituir límites permanentes al poder estatal pasan a quedar subordinadas a las necesidades definidas por el propio poder. El régimen de excepción dejó así de ser únicamente una herramienta contra las pandillas. Pasó a formar parte de la arquitectura política del nuevo régimen.
Y esto plantea una cuestión mucho más amplia: ¿qué ocurre con un aparato estatal extraordinariamente fortalecido cuando el enemigo que justificó originalmente su fortalecimiento ha sido debilitado? El aparato permanece.
Del combate a las pandillas al control de la sociedad
El Estado no es una institución situada fuera de las relaciones sociales. En una sociedad capitalista continúa operando dentro de relaciones basadas en la propiedad privada, la acumulación de capital y la explotación del trabajo asalariado. Por eso el fortalecimiento extraordinario del aparato estatal no afecta únicamente a los delincuentes. Puede modificar la relación de fuerzas entre el Estado y el conjunto de la sociedad: Trabajadores, sindicatos, comunidades, movimientos sociales, organizaciones políticas, periodistas, defensores de derechos humanos. Cualquier sector que entre en conflicto con decisiones estatales puede encontrarse frente a un aparato mucho más poderoso y con menos contrapesos institucionales.
Por eso la discusión ya no puede reducirse a si las pandillas fueron golpeadas, ese es un hecho, pero: ¿qué tipo de Estado se construyó durante ese proceso?
El bonapartismo como clave de interpretación
Aquí adquiere importancia la categoría de bonapartismo. Un régimen bonapartista fortalece extraordinariamente al Ejecutivo y presenta a su dirigente como árbitro situado aparentemente por encima de los diferentes sectores de la sociedad. El gobernante afirma representar directamente a la nación o al pueblo. Los partidos, parlamentos y otras mediaciones institucionales aparecen como obstáculos frente a la voluntad del Ejecutivo.
El mensaje puede resumirse así: el dirigente interpreta directamente la voluntad popular y necesita libertad para actuar.
Pero el Estado no se encuentra realmente por encima de las clases. Puede adquirir autonomía relativa frente a diferentes fracciones empresariales, puede enfrentarse con determinados sectores de la burguesía, puede disciplinar incluso a algunos capitalistas. Pero mientras permanezcan la propiedad privada de los grandes medios de producción y las relaciones fundamentales entre capital y trabajo, el Estado continúa asentado sobre bases capitalistas.
Una combinación decisiva: poder arriba y respaldo abajo
El fenómeno bukelista posee una particularidad que resulta indispensable comprender. La concentración del poder no avanzó simplemente contra una población que la rechazaba. Durante buena parte del proceso han coexistido dos fenómenos: una creciente concentración del poder en el Ejecutivo y un importante respaldo social al gobierno.
Esa combinación explica buena parte de su fortaleza. La experiencia concreta de la seguridad permitió al gobierno presentar el debilitamiento de los contrapesos institucionales como una condición necesaria para obtener resultados. Si las instituciones anteriores habían fracasado y el nuevo Ejecutivo aparecía resolviendo problemas que parecían irresolubles, una parte de la población podía interpretar los límites institucionales no como garantías democráticas sino como obstáculos. La eficacia gubernamental comenzó así a contraponerse a los controles democráticos.
La reelección y los límites institucionales
La cuestión de la reelección presidencial profundizó esa tendencia.
Interpretaciones constitucionales que anteriormente impedían la reelección presidencial inmediata fueron modificadas desde instituciones cuya composición había cambiado después de la nueva correlación de fuerzas. Más allá de la controversia jurídica específica, el problema político resulta más profundo. Cuando los organismos destinados a limitar al Ejecutivo son transformados por el mismo bloque político que controla el Ejecutivo, disminuye su capacidad para funcionar como contrapesos independientes. Las instituciones permanecen formalmente. Pero su relación con el poder cambia.
De la democracia burguesa a una forma cada vez más concentrada de dominación
La transformación de un régimen político no necesariamente ocurre de un día para otro. No siempre existe un momento único en el cual desaparecen todas las instituciones anteriores. Puede mantenerse una Asamblea Legislativa, realizarse elecciones, continuar funcionando tribunales, existir partidos opositores y medios críticos. Pero la mera existencia formal de esas instituciones no resuelve por sí sola la cuestión del régimen. La pregunta premisa fundamental es: ¿poseen capacidad efectiva para limitar al Ejecutivo y garantizar que sectores sociales independientes puedan organizarse y actuar?
Desde la caracterización desarrollada en esta serie, la concentración del Ejecutivo, la subordinación progresiva de los contrapesos institucionales y la normalización de mecanismos excepcionales muestran una evolución desde un bonapartismo con fuerte legitimidad electoral hacia formas crecientemente dictatoriales de ejercicio del poder. No se trata necesariamente de reproducir las dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX. El proceso salvadoreño posee características propias.
No fue necesario un golpe militar clásico
No hubo tanques derrocando a un presidente electo.
No se clausuró inmediatamente el Parlamento.
No se prohibieron de una sola vez todos los partidos.
Buena parte de la concentración del poder se produjo utilizando las instituciones existentes.
Las elecciones permitieron conquistar la Asamblea.
La mayoría legislativa permitió transformar otras instituciones.
El control institucional facilitó posteriormente una mayor concentración del Ejecutivo.
Y el régimen de excepción amplió extraordinariamente las capacidades coercitivas del Estado.
Es decir: las instituciones de la democracia burguesa fueron utilizadas para reducir progresivamente los límites que esas mismas instituciones imponían al Ejecutivo.
Esta característica diferencia el proceso salvadoreño de las formas clásicas de golpe militar.
Apoyo popular y concentración del poder no son incompatibles
Aquí aparece una cuestión central para comprender el régimen. La existencia de respaldo popular no elimina automáticamente tendencias dictatoriales. Tampoco la concentración del poder significa que toda la población haya dejado de apoyar al gobierno. Ambos fenómenos pueden coexistir.
Una persona trabajadora puede valorar positivamente que ya no existan las mismas condiciones de violencia en su comunidad y, simultáneamente, sufrir salarios insuficientes. Puede apoyar la política contra las pandillas y rechazar posteriormente una medida económica. Puede respaldar electoralmente al gobierno y, en otro momento, entrar en conflicto con una institución estatal.
La conciencia política es contradictoria porque también lo es la experiencia social. Por eso explicar el bukelismo únicamente mediante manipulación o miedo sería insuficiente. Su fortaleza se encuentra también en experiencias concretas de sectores que consideran que determinados aspectos de su vida mejoraron respecto al período anterior.
Las pandillas fueron golpeadas; sus causas sociales permanecen
Aquí reaparece el punto desde el cual comenzó esta entrega. El debilitamiento de las pandillas no significa que hayan desaparecido las condiciones estructurales que facilitaron su desarrollo.
El Salvador continúa siendo una economía capitalista dependiente. Continúan la migración, la precariedad laboral, la informalidad y las dificultades de amplios sectores juveniles para construir un proyecto de vida. Una cárcel puede incapacitar a una estructura criminal, pero no puede eliminar por sí sola la desigualdad, la policía puede recuperar un territorio, pero no puede sustituir empleos dignos, el Ejército puede establecer control territorial, pero no puede sustituir educación, vivienda, salud, cultura y perspectivas para la juventud. Por eso existe una diferencia fundamental entre eliminar determinadas estructuras criminales y eliminar las condiciones sociales que contribuyeron a producirlas.
La seguridad también es una necesidad de la clase trabajadora
La crítica al régimen de excepción tampoco debería conducir a idealizar la situación anterior. Los trabajadores no tienen ningún interés en regresar a comunidades dominadas por pandillas. Quien debía pagar extorsión para trabajar sufría una forma brutal de violencia, quienes no podían cruzar de una comunidad a otra no eran libres, una familia obligada a abandonar su vivienda por amenazas tampoco disfrutaba plenamente de sus derechos. La seguridad es una necesidad concreta de la población y, por tanto, también de la clase trabajadora. La cuestión es si para garantizarla resulta necesario entregar poder prácticamente ilimitado al Estado. Plantear como únicas opciones pandillas o concentración absoluta del poder estatal constituye una falsa alternativa.
Una contradicción que prepara nuevos conflictos
El bukelismo pudo fortalecerse porque apareció resolviendo un problema que los gobiernos anteriores habían sido incapaces de solucionar. Pero las contradicciones económicas y sociales continúan actuando. El conflicto puede desplazarse.
Mientras la contradicción dominante aparece como enfrentamiento entre el Estado y las pandillas, el gobierno puede presentarse como representante de toda la sociedad. Pero cuando aparecen conflictos entre trabajadores y empresarios, sindicatos y patronales, comunidades y proyectos económicos, empleados públicos y gobierno, esa apariencia comienza a ser sometida a nuevas pruebas.
Entonces surge otra pregunta: ¿cómo actúa este Estado extraordinariamente fortalecido cuando quienes protestan ya no son pandilleros, sino trabajadores y sectores populares defendiendo sus propios intereses? Aquí el análisis del régimen se conecta directamente con el análisis de clase.
El problema no es regresar al viejo régimen
Comprender la concentración del poder tampoco significa reivindicar el régimen anterior. ARENA y el FMLN fueron protagonistas centrales del sistema político cuyo fracaso creó las condiciones para el ascenso del bukelismo. La alternativa histórica no puede reducirse a escoger entre el presente y el pasado. El problema es comprender por qué el viejo régimen perdió legitimidad, por qué Bukele conquistó semejante respaldo y cuáles son las contradicciones que permanecen abiertas bajo el nuevo régimen. Ese análisis requiere reconocer simultáneamente dos realidades: el bukelismo respondió eficazmente a una demanda social de seguridad que había sido desatendida durante décadas y, al mismo tiempo, utilizó ese proceso para construir una concentración del poder estatal sin precedentes en la etapa surgida de los Acuerdos de Paz.
Una realidad no elimina la otra. Precisamente su coexistencia constituye una de las claves del fenómeno.
De la seguridad a la pregunta de clase
Llegamos entonces a un nuevo punto del análisis. Sabemos de dónde surgieron las condiciones sociales que alimentaron el fenómeno de las pandillas. Sabemos por qué ARENA y el FMLN terminaron desacreditados. Sabemos cómo la cuestión de la seguridad permitió al bukelismo construir una poderosa legitimidad social. Y podemos observar cómo esa legitimidad acompañó una progresiva concentración del poder alrededor del Ejecutivo.
Pero queda todavía una pregunta fundamental. Un Estado puede ser fuerte, puede concentrar poder, puede disponer de un enorme aparato policial y militar, puede incluso conservar un amplio respaldo entre sectores populares. Pero nada de esto responde todavía a la cuestión decisiva:
¿qué relaciones sociales protege ese Estado y qué intereses de clase terminan predominando cuando capital y trabajo entran directamente en conflicto?
Ahí se encuentra el siguiente nivel del problema. Porque detrás de la discusión sobre democracia, autoritarismo, seguridad y concentración institucional permanece la contradicción fundamental de toda sociedad capitalista: la contradicción entre quienes poseen el capital y quienes viven de su trabajo. Comprender el contenido de clase del bukelismo será, por tanto, el siguiente paso de esta serie.
